MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado esta semana en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para la mejora de la protección de las personas donantes de órganos para su posterior trasplante.
Esta normativa contempla la "baja por donación" asociada a la cirugía y posterior recuperación del donante vivo. Esta baja, ha explicado la diputada socialista y exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, se extenderá desde el día del ingreso para la cirugía de donación hasta recibir el alta médica, así como en los días discontinuos en que el donante no pueda trabajar debido a la preparación médica de la cirugía.
La propuesta también incluye la protección del donante vivo de órgano frente a consecuencias como el despido ante las ausencias del puesto de trabajo necesarias para el proceso de donación, incluyendo el estudio previo a la cirugía.
La donación de órganos en vida, ha explicado Carcedo, habitualmente un riñón o un segmento de hígado, proporciona a sus receptores excelentes resultados en términos de supervivencia y calidad de vida. Se trata de un acto que alivia la presión de la lista de espera para trasplante y representa un importante ahorro para el Sistema Nacional de Salud.
A los cinco años de haberse realizado, el trasplante renal genera un ahorro medio de 160.000 euros por paciente en comparación con la hemodiálisis y de 90.000 euros en comparación con la diálisis peritoneal.
Según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en 2022, un total de 350 personas donaron un riñón y 5 personas parte de su hígado en vida. Cada año se realizan alrededor de 350 trasplantes de donante vivo en nuestro país.
Las asociaciones de pacientes y la ONT solicitan desde hace años la "baja por donación" para mejorar la protección de los donantes que realizan un gesto tan solidario y que ello no repercuta negativamente en su situación económica ni laboral.
