MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Federal de Sanidad del PSOE han propuesto una serie de medidas proporcionará cerca de 6.300 millones de euros anuales adicionales para financiar la sanidad, y que evitan los recortes de derechos y el copago, que provocará la implantación del Decreto ley de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) aprobado por el Gobierno.
Durante una reunión celebrada en la sede federal del partido, los socialistas han cifrado en unos 2.500 millones de euros los ingresos que se podrían obtener aumentando los impuestos sobre el tabaco y el alcohol -excluyendo sidra, cerveza y vino- y, en otros 2.400, los que se podrían obtener extendiendo el procedimiento de compras centralizadas de medicamentos y productos sanitarios iniciado en 2011.
Otros 1.400 millones pueden ingresarse al adecuar los formatos de envases de medicamentos para asegurar la cantidad exacta prescrita por el médico y al aplicar un programa de control de calidad a los pacientes.
Y, además, proponen desarrollar un programa específico para mejorar la gestión de cobros del SNS a terceros, que afecta a los accidentes laborales y enfermedades profesionales, los accidentes de tráfico, los accidentes del hogar, los accidentes deportivos o la atención a pacientes procedentes de otros países.
Para los socialistas "existen alternativas" a los recortes planteados, que pueden "mantener el alto grado de calidad del que disfrutan los españoles". Asimismo, han denunciado que la aprobación de las medidas supone "un cambio del modelo sanitario", que pasa de "público, universal y gratuito" a uno en el que "estarán cubiertos sólo lo que coticen a la Seguridad Social".
La Vicesecretaria General, Elena Valenciano, ha destacado que en el PSOE existen "alternativas" y "personas sensibles y expertas" que están trabajando en este ámbito y que "son mejores y más competentes que quienes están gobernando". Y ha puesto de ejemplo de política de calidad la que se sigue en Andalucía y el País Vasco, donde se aborda la gestión sanitaria "sin recortar derechos de los ciudadano".
Por su parte, la responsable federal en Política Social, Trinidad Jiménez, se ha referido al RD aprobado este lunes, que ha calificado de "lamentable". "Hay elementos de este Real Decreto que son imposibles de aplicar, bien por cuestiones jurídicas, administrativas... o porque los propios profesionales se negarán a hacerlo", ha advertido.
