MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
PSOE, PNV y REDER han condenado este miércoles en el Congreso de los Diputados el cuarto aniversario del decreto de exclusión sanitaria, puesto en marcha en abril de 2012, "el mayor atentado a la sanidad española de los últimos 20 años" y que ha excluido de la sanidad universal a 800.000 personas en este tiempo, según ha denunciado el diputado portavoz de Sanidad del PSOE en la Cámara y diputado por Navarra, Jesús María Fernández.
Acompañado del resto de diputados socialistas miembros de la Comisión de Sanidad, así como de representantes del PNV y de organizaciones sociales y REDER, han participado en un acto reivindicativo en las escalinatas de la Puerta de los Leones, en el que han posado mostrando su tarjeta sanitaria autonómica.
"La sanidad era un derecho de ciudadanía, dejó de ser así para volver a un sistema de aseguramiento", ha denunciado Fernández, a la vez que se ha comprometido de que, de haber un próximo Gobierno socialista, la primera medida que adoptará será recuperar esta tarjeta sanitaria.
"Desde REDER han mostrado la cantidad de personas que hoy tienen impedido su derecho a la asistencia sanitaria, jóvenes españoles que tienen que emigrar a otros países para estudiar o buscar empleo, a reagruparse con sus familiares. Personas que han estado trabajando con papeles regulares y son irregulares sobrevenidos porque han perdido su trabajo y ya no tienen derecho a la asistencia sanitaria", ha lamentado.
541 VULNERACIONES AL DERECHO A LA SALUD
Mientras, la Red de Denuncia y Resistencia al decreto de abril de 2012(REDER) ha documentado entre agosto de 2015 y marzo de 2016 un total de 541 vulneraciones al derecho a la salud, que se suman a los más de 1.500 casos documentados ya por la plataforma.
Según destaca, las barreras administrativas y la falta de información suman más de la mitad de las incidencias, seguidas por la emisión de facturas por atención en los servicios de urgencia. Es más, sostienen que la mayoría de casos se producen en los centros de salud, en los hospitales y en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por este orden.
Los datos, recogidos por las organizaciones que integran la red, incluyen incumplimientos de la propia normativa: 36 casos de niños a quienes se les han denegado la tarjeta sanitaria, las 47 incidencias en urgencias (por negación de asistencia o por intento de cobro de ésta) y las 28 mujeres embarazadas que no han conseguido acceso a tratamientos o seguimiento de su gestación.
Así, recuerda que la norma ha sido criticada por organismos internacionales, y rechazada por 14 de las 17 comunidades autónomas que han aprobado alguna medida paliativa en este sentido, ya que carecen de competencias para revertir la norma de forma segura.
De hecho, REDER sostiene que las personas en situación irregular que han llegado a España en los últimos 4 años a través de procesos de reagrupación familiar se encuentran en un laberinto jurídico, unas 20 ancianas, según calcula, con hijos residiendo legalmente en el país, a las que se les deniega la tarjeta sanitaria.
En nombre de REDER, la vicepresidenta de la SEMFYC, María Fernández, ha lamentado que hace cuatro años se promulgara este decreto que ha dejado fuera de la asistencia sanitaria a 800.000 personas "en uno de los mejores sistemas sanitarios, como es el español", donde se atendía a las personas de forma universal pero no gratuita, porque ésta se financia con los impuestos.
Asimismo, ha reivindicado que la salud es un derecho y son personas que tienen derecho a ser atendidas cuando tienen problemas de salud. "Es una población que tampoco consumía tantos recursos sanitarios como los que se han querido hacer ver al resto de la población", ha remarcado.
