MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley para que se regulen los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, es decir, lo que se ha denominado como "muerte "digna".
"El objeto fundamental de la propuesta es reconocer el derecho de los pacientes", ha explicado el portavoz socialista de Sanidad, José Martínez Olmos, que defiende la necesidad de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que pide regular la "muerte digna" porque "en una sociedad democrática avanzada, los derechos deben acompañar a los ciudadanos desde que nacen hasta que mueren".
"Esperemos que el PP se quite los prejuicios sobre la muerte digna", ha señalado Martínez Olmos, y les invita a respaldar la iniciativa socialista, cuyo texto señala que "no cabe incluir entre los derechos consensuados de los pacientes en el proceso final de su vida, el de ser sujeto de la actuación conocida como eutanasia". "Ahora la sedación la decide un médico y lo que hay que garantizar es el pleno respeto a la libre voluntad del paciente", precisa el portavoz socialista de Sanidad.
El texto -que cuenta con el consenso de las organizaciones médicas y tiene el mismo planteamiento de la normativa impulsada por el Gobierno de Zapatero, que no pudo aprobarse por falta de tiempo ante el adelanto electoral--, pretende homogeneizar para toda España un aspecto que se trata de manera diferente en según qué CCAA, como es el de proteger la dignidad de las personas enfermas en fase terminal o en situación agonía, así como garantizar el pleno respeto de su libre voluntad en la toma de las decisiones sanitarias que afecten a dicho proceso.
"Se pretende dar una respuesta jurídica global a la cuestión, guiada por las disposiciones constitucionales que imponen el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales, en particular, a la vida, a la integridad física y moral, y a la intimidad personal y familiar", señala la iniciativa.
"Una respuesta, también, que presta especial atención a las necesidades de claridad y seguridad jurídica que deben presidir especialmente las actuaciones del personal sanitario, excluyendo cualquier posible responsabilidad derivada de asumir las decisiones de la persona en el proceso final de su vida", contempla el texto.
