MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para que en la reforma del Código Penal, las personas con trastorno mental reciban un tratamiento "justo, adecuado y sin discriminación de ningún tipo", así solicita prescindir de la utilización del termino 'peligrosidad' asociado al trastorno mental, "vitando la automática equiparación de ambos conceptos".
Además, quieren que se garanticen que el internamiento se produzca en el caso de los enfermos mentales solo como medida de seguridad, de modo que "nunca pueda ser permanentemente prorrogable"; y que las personas con trastorno mental grave puedan acceder a la libertad condicional y a la libertad vigilada en plenas condiciones de igualdad.
En la exposición de motivos, recuerdan que los trastornos mentales producen que, en muchas ocasiones la sociedad discrimine y rechace, por miedo a lo desconocido, a los afectados por este tipo de trastornos, a los que se estigmatiza de manera constante impidiendo el desarrollo de su proyecto vital.
"Es precisamente el estigma una de las barreras que en mayor medida dificulta la accesibilidad universal a las personas con trastorno mental, el desenvolvimiento con normalidad en su vida diaria y el acceso a los recursos y a la atención que precisan como ciudadanos de pleno derecho", afirman.
En cuanto a la relación entre trastorno mental y peligrosidad, recuerdan que esta idea es "prejuiciosa y estigmatizante" y, en la línea de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), apela a la responsabilidad de los poderes públicos para garantizar que las personas con trastorno mental reciban un tratamiento adecuado e integral desde el punto de vista social y sanitario, alejado del régimen penitenciario que pretende esta reforma.
Así, el grupo socialista advierte de que si la modificación del Código Penal sigue su curso en los términos en los que está planteada en relación a la vinculación de trastorno mental, peligrosidad y medidas de seguridad en previsión de delitos que pudieran cometerse en el futuro, "el Estado se encontrará con cientos de miles de personas expuestas a un Código Penal y a un régimen penitenciario discriminatorio, que además, privará a este colectivo de la respuesta social y sanitaria que necesita".
