MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que solicita al Gobierno que presente, en un plazo de dos meses, una evaluación del actual Plan Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C.
Además, instan al Ejecutivo a elaborar un nuevo Plan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que, entre otros compromisos, incorpore una planificación de ámbito nacional que incluya el desarrollo de políticas efectivas para curar, controlar y prevenir la enfermedad; un plan de prevención de la transmisión del virus Puesta al día de los criterios de tratamiento a la luz de las recomendaciones de los expertos y del nuevo conocimiento sobre la efectividad y posicionamiento terapéutico de los tratamientos; y nuevos mecanismos de acceso a los antivirales de acción directa (renegociación de los contratos con los laboratorios).
Del mismo modo, en el texto de la proposición, al que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas destacan la necesidad de articular un Plan de Financiación adicional y extraordinario que no penalice a las comunidades autónomas como consecuencia del coste necesario para abordar los objetivos terapéuticos de la medida, la cual deberá garantizar el acceso a los nuevos tratamientos a todos los pacientes diagnosticados con Hepatitis C, con indicación de tratamiento.
Realizar campañas preventivas que informen a la población sobre la hepatitis C y sus vías de contagio, y en especial a los colectivos de mayor riesgo; elaborar y desarrollar de manera urgente un estudio epidemiológico de la enfermedad que permita conocer cuál es la situación epidemiológica real de la enfermedad en nuestro país; y actualizar los datos sobre la mortalidad asociada al virus de la hepatitis C en nuestro país, son otros de los requerimientos de los socialistas.
Ahora bien, a su juicio, el nuevo Plan Estratégico para el abordaje de la Hepatitis C debe ser realizado por un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales sanitarios públicos de las diversas comunidades, expertos y de prestigio reconocido dentro del ámbito de la sanidad pública; y se debe constituir una Comisión de Seguimiento para garantizar el cumplimiento del nuevo Plan Estratégico, que incorporará, además de a expertos y representantes de las administraciones, a representantes de las asociaciones de afectados por hepatitis C.
CREAR UN MARCO DE RELACIONES CON LOS LABORATORIOS
Otro de los puntos que señala el PSOE en la proposición no de ley es el hecho de desarrollar políticas que reviertan las diferencias sanitarias que existen entre comunidades y establecer un nuevo marco de relaciones con los laboratorios farmacéuticos que poseen las patentes y comercializan los nuevos medicamentos.
Para ello, prosigue, el Gobierno deberá promulgar políticas y establecer los mecanismos de control y arbitraje que impidan a las empresas farmacéuticas establecer precios abusivos de los medicamentos, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas; garantizar que la inclusión de innovaciones farmacológicas sean compatibles con la sostenibilidad del SNS, promover negociaciones, tanto a nivel nacional, como a nivel europeo para negociar la compra conjunta de las innovaciones farmacéuticas de hepatitis C; y llegar a acuerdos con las comunidades para la compra centralizada de fármacos a través de una "central de compras de fármacos".
Además, los socialistas piden dar la "máxima transparencia", dentro de la legislación vigente, a toda la información relacionada con la hepatitis C; dar una respuesta adecuada al control y tratamiento de la enfermedad entre la población reclusa; dotar de presupuesto específico para la investigación y el tratamiento de los menores afectados por el VHC, con el fin de erradicar la hepatitis C infantil; y dotar las Unidades Especializadas en Hepatología infantil necesarias a nivel nacional para tratar con los nuevos antivirales de acción directa a la población infantil afectada por el VHC.
Finalmente, instan a derogar el Real Decreto Ley 16/2012 con el fin de recuperar una sanidad pública, universal y gratuita que ofrezca también atención a la población migrante. "La población migrante procede en muchos casos de países con una alta prevalencia de hepatitis C. Por eso deben realizarse estudios sobre la prevalencia de la enfermedad de la población migrante que vive en nuestro país, ya que el control y tratamiento en estas personas además de ser un derecho, contribuirá a preservar la salud pública de nuestro país", han zanjado.
