MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados reclamando al Gobierno la creación de una ley que asegure el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos "sin excepción", incluyendo a los inmigrantes en situación irregular.
Así, en tanto se apruebe esta normativa, los socialistas han propuesto que se establezca un procedimiento común en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) que asegure el acceso "sin barreras" de los inmigrantes en situación irregular a la atención sanitaria en las urgencias que puedan necesitar y que, además, impida la facturación de la asistencia sanitaria por parte de los servicios de salud que la vienen realizando en la actualidad.
"Recientemente se ha conocido que en algunas comunidades autónomas se están enviando facturas a inmigrantes en situación irregular por la atención que les prestan en los servicios de urgencias, lo que supone un grave incumplimiento del ordenamiento jurídico al tiempo que una barrera real de acceso a una atención sanitaria esencial para la salud y la vida de estas personas, que en ningún caso se puede consentir", han señalado los socialistas.
Asimismo, en la iniciativa el PSOE ha denunciado que, en materia sanitaria, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha impuesto un conjunto de "recortes en derechos y en calidad asistencial" que, a su juicio, están "afectando" al conjunto de la población y "perjudicando de manera especial" a los pensionistas, enfermos crónicos y pacientes con enfermedades raras que ven "en riesgo" la atención a su salud y la aparición de barreras reales para el acceso a la asistencia sanitaria y a sus prestaciones.
Entre los colectivos especialmente perjudicados por estas medidas, destacan a los inmigrantes en situación irregular, que, según han recordado, han perdido el derecho a la cobertura sanitaria general, perdiendo así el derecho a ser beneficiario de las prestaciones de salud pública, de promoción de la salud y de asistencia sanitaria, salvo en caso de atención urgente.
"Esta decisión, además de ser injusta e inhumana, pone en riesgo la salud de esta población y del conjunto de la comunidad. Incluso el Tribunal Constitucional ha dictado un auto que avala "la prevalencia del derecho a la salud sobre el eventual ahorro económico que suponga la discriminación en la atención sanitaria", han zanjado.
