MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados para que informe sobre los impagos que se están produciendo en las farmacias de las comunidades autónomas de Valencia y Cataluña.
A juicio de los socialistas, la "gravísima" situación que están generando los impagos a las oficinas de farmacia valencianas y catalanas pone "en riesgo" la accesibilidad de los pacientes a la medicación que necesitan para el tratamiento de sus patologías. Por ello, han solicitado también una explicación sobre las medidas que el Ministerio va a adoptar para evitar que estos impagos se extiendan a otras comunidades.
Con esta petición, son más de una veintena las solicitudes de la oposición para que la ministra comparezca en la Comisión de Sanidad del Congreso, sin contar las registradas en otras comisiones parlamentarias. Y es que, la última vez que Mato compareció fue el paso mes de febrero y, desde entonces, han sido ya varias las quejas de los grupos parlamentarios ante la "ausencia" de la ministra en el Parlamento.
No obstante, la propia Mato ya pidió en el mes de abril acudir al Congreso para dar cuenta en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Pasados casi seis meses, esa comparecencia aún no se ha sustanciado, pese a ser a petición del Gobierno.
Desde el lunes de la semana pasada las farmacias de la Comunidad Valenciana se encuentran en un paro indefinido convocado ante los 450 millones de euros que les adeuda el Gobierno regional. Eso sí, el consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Luis Rosado, avanzó el pasado jueves que se iban a destinar un total de 772 millones al nuevo sistema de "pronto pago" a las farmacias en 2013.
Mientras, en Cataluña las cerca de 3.100 oficinas de farmacia protagonizaron un cierre generalizado a finales de octubre, ante el retraso de pagos de cerca de 85 días de la Generalitat catalana.
