MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Secretaria de Política Social del Partido Socialista, Trinidad Jiménez, ha manifestado su satisfacción por los autos del Tribunal Constitucional, que avalan la no exclusión de inmigrantes en situación irregular de la atención sanitaria en el País Vasco y la subasta de medicamentos andaluza, porque suponen "un aval a las políticas sanitarias defendidas por el PSOE frente a los recortes injustos y desproporcionados del Gobierno de Mariano Rajoy".
La dirigente socialista ha destacado que ambos autos respaldan las decisiones que han tomado Gobiernos de comunidades autónomas socialistas en defensa de los intereses de los ciudadanos y para garantizar la sostenibilidad del SNS y frenar su deterioro tras los recortes planteados por el Ejecutivo.
"Desde el primer momento el Partido Socialista rechazó el cambio de modelo sanitario impuesto por el Gobierno y, en todo este tiempo, hemos venido reclamando a la Ministra Mato que rectifique y recupere la universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud", afirma Jiménez.
Asimismo, al igual que los profesionales sanitarios, consideran que limitar el acceso a la sanidad para determinados colectivos es una "decisión reprobable", desde el punto de vista ético y de justicia social, "pero también rechazable desde una posición de preservación de la salud pública general".
Por lo tanto, se ha mostrado conforme con el auto del Constitucional, y ha recordado que restringir sólo a Urgencias la atención sanitaria para los inmigrantes 'sin papeles' "no sólo supone un ahorro mínimo, sino que iba a generar mayores gastos económicos, más allá del coste enorme en salud y en solidaridad".
En cuanto al auto del Tribunal Constitucional que levanta la suspensión a la subasta de fármacos en Andalucía, Jiménez recuerda que "es una medida que demuestra que hay alternativas para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública, sin afectar a la universalidad, la calidad asistencial ni la equidad".
En este sentido, ha dicho que el Gobierno andaluz está preparado para retomar la convocatoria del concurso y ha animado al Gobierno a ampliar esta medida a todo el Estado porque "permitiría ahorrar unos 1.500 millones de euros anuales y evitar así algunos de los recortes que ya se han puesto en marcha".
