MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz en materia de Sanidad del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, exigirá en el Pleno de este jueves que se deroguen los artículos 62 y 63 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad de Madrid de 2012, que contemplan la externalización sanitaria.
Para ello, Freire defenderá una Proposición de Ley que figura como último punto del orden del día del pleno, por lo que lo hará sobre las 23.30 horas, ha recalcado el diputado socialista.
"Nos parece muy importante que el PP se retrate en términos de si de verdad retira la privatización o es únicamente, como da a entender el propio presidente (Ignacio González), una ocultación táctica, obligada por los jueces, esperando a ver que sucede en las elecciones de 2015", ha explicado Freire, en alusión a los planes de externalización de la atención especializada y centros de salud de casi 2 millones de madrileños.
Por otro lado, el portavoz del Grupo Socialista, Tomás Gómez, preguntará al presidente, Ignacio González, qué medidas va a adoptar tras la sentencia del Tribunal Constitucional que estima el recurso de inconstitucionalidad sobre la tasa del euro por receta.
A este respecto, Freire ha afirmado que el Gobierno presentó esa medida "cuando estaba claro que no tenía autoridad para hacerlo" y "tiene que devolver a los ciudadanos los tres millones que ha recaudado".
Para el portavoz del Grupo Popular, Íñigo Henríquez de Luna, la propuesta de los socialistas sobre la externalización responde a que quieren "mantener un debate que ya está terminado".
"Tanto el presidente como el consejero de Sanidad (Javier Rodríguez) han dicho bien claro que el proceso de externalización de los seis hopitales se ha terminado y que no se va a volver a reabrir", ha aseverado.
A su juicio, el Partido Socialista "no tiene proyecto político alternativo para la sanidad ni para ninguna otra cosa", y está "en intentar recuperar debates que ya están zanjados para ocultar su falta de proyecto político".
En cuanto al euro por receta, ha dicho que es un tema que "también está zanjado", porque "cuando el Tribunal Constitucional suspendió la medida, Madrid la acató".
Además, ha recordado que el Gobierno impulsó la medida, igual que había hecho anteriormente Cataluña, "para conseguir el ahorro económico necesario para hacer sostenible la sanidad".
