Recuerda que otras autonomías ya "garantizan" este derecho y que el mismo fue "avalado" por el Tribunal Constitucional
VITORIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El PSE-EE ha solicitado al Gobierno vasco que regule la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular que lleven menos de un año empadronados en el País Vasco, tras lo que ha destacado que otras comunidades autónomas ya "han buscado distintas fórmulas para garantizar" a este colectivo el derecho a esta asistencia.
La parlamentaria Blanca Roncal ha registrado una proposición no de ley en la Cámara vasca, en la que lamenta la "exclusión" --salvo determinadas excepciones-- de estas personas de la sanidad pública a través de una orden del Ejecutivo autonómico aprobada el mes pasado.
Dicha norma, tal y como afirma Roncal, "excluye por primera vez del derecho a la salud universal y gratuita a quienes lleven empadronados menos de un año, salvo determinadas excepciones y las urgencias". Todo ello, señala, "cuando otras comunidades han buscado distintas fórmulas para garantizar este derecho".
La representante del PSE recuerda que el anterior Gobierno vasco liderado por Patxi López aprobó un decreto para mantener varias coberturas sanitarias que se pretendían eliminar a través de un Real Decreto Ley del Gobierno central, entre ellas las derivadas de la modificación del sistema de copago farmacéutico o del "derecho a la salud gratuita y universal".
De esa forma, según ha afirmado, Osakidetza "siguió ofreciendo atención sanitaria y farmacéutica gratuita a las personas inmigrantes sin papeles ni recursos que cumplían el decreto recurrido y llevaran un año empadronadas en Euskadi, a las que se concedía la tarjeta sanitaria ordinaria". Además, ha subrayado que "también se garantizaba el derecho a quienes llevaran menos de un año empadronados y acreditaran arraigo, con una tarjeta temporal de tres meses".
"DERECHO A LA SALUD"
Roncal ha destacado que el pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional "avaló" que el Ejecutivo vasco siguiera prestando atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, con el argumento de que "a los poderes públicos les corresponde garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección a la salud", y de que "la no atención de este colectivo repercutiría en su salud individual y también en la prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto-contagiosas, afectando directamente a la salud de toda la sociedad".
A su juicio, la orden aprobada por el gabinete de Iñigo Urkullu implica que "personas que, amparadas por la resolución del Constitucional, han recibido atención primaria en los centros de salud, quedan excluidos" de la sanidad pública.
Por ese motivo, ha pedido que el Gobierno "modifique o complete" dicha norma, de forma que "regule la atención sanitaria de las personas inmigrantes sin permiso legal de residencia en los términos previstos por el decreto de junio de 2012 y avalados por el Tribunal Constitucional", de forma que "ninguna persona que resida en Euskadi quede sin asistencia primaria".
