MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Proyecto Hombre ha defendido, durante la 64 edición de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND), las políticas y tratamientos de adicciones a sustancias que estén basados en los derechos humanos.
"Para Proyecto Hombre es clave estar presente un año más en la CND de Naciones Unidas, ya que es el foro internacional más importante para intentar frenar el problema de las drogas en el mundo. Aquí se plantean las mejores estrategias en tratamiento y prevención para que miles de personas que sufren adicciones puedan recuperarse e integrarse en la sociedad", ha dicho el delegado internacional de la Asociación Proyecto Hombre, Oriol Esculies.
Asimismo, Edith Hofer, en nombre de la Comisión Europea (UE), ha subrayado la importancia de la evaluación como un elemento central para desarrollar cualquier acción política, ya que proporciona los parámetros de efectividad y relevancia de las políticas llevadas a cabo, además de servir como guía en futuras políticas de drogas.
Por su parte, el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Joan R. Villalbí, ha indicado que los principales los retos a los que se enfrentan son comprender y medir los problemas, identificar programas e intervenciones efectivos, probarlos y evaluarlos, y asegurar que estos que lleguen a todo el mundo.
Durante el evento también se ha hablado sobre cómo ha afectado el Covid-19 a las personas con adicción. En este sentido, Villalbí ha señalado que muchas personas con adicción son personas sin hogar y, habitualmente, se ven excluidas de ciertos servicios sociales, como albergues.
"A causa del confinamiento, la presión hizo que surgieran dos opciones: una mayor flexibilidad en las normas de acceso (con apoyo externo de servicios de adicciones) e instalaciones específicas para usuarios de sustancias", ha dicho Villalbí.
A juicio del director ejecutivo de Rights Reporter Foundation, Péter Sárosi, las personas con adicción en prisión es uno de los colectivos más vulnerables durante la pandemia por Covid-19 y uno de los "grandes olvidados" que, desde el inicio del confinamiento, han visto limitados sus derechos básicos como acceso a asesoría legal, familias e incluso a productos básicos de higiene y alimentación.
