Actualizado 22/11/2010 19:41 CET

Los presupuestos nacionales y autonómicos destinados a Sanidad bajarán un 4% en 2011

FSS-CC.OO, CESM, CSI-F, SATSE y USAE firman un manifiesto en contra de esta reducción

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las principales organizaciones sindicales del sector sanitario público y privado en España han firmado un manifiesto con el que rechazan de manera conjunta los criterios que se están aplicando para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y las comunidades autónomas, ya que conllevarán una reducción del presupuesto destinado a Sanidad en más de un 4,22 por ciento.

Dicho manifiesto ha sido suscrito por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CC.OO), la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), el Sindicato de Enfermería SATSE y la Unión Sindical Auxiliares de Enfermería (USAE).

Todos ellos aseguran que esta menor dotación económica, junto con algunas de las medidas adoptadas para reducir el gasto sanitario, pueden "poner en peligro" el futuro de un Sistema Nacional de Salud (SNS) cuyo "deterioro" es "inadmisible".

Asimismo, los sindicatos cuestionan que dicha reducción se ha realizado sobre presupuestos y no sobre gastos reales, lo que conlleva que "no afectará por igual a todas las comunidades".

En este sentido, destacan casos como el de Murcia, cuyo gasto en 2010 ha sido un 9,5 por ciento mayor de lo presupuestado, o el de Asturias, donde se ha excedido en un 5,61 por ciento, dos casos en los que "la aplicación de estos recortes supondrá una merma en la financiación bastante mayor de la aprobada".

Por otro lado, las reducciones propuestas para el sector sanitario en comunidades como Canarias (11,72%) o Extremadura (7,49%) hacen "cuestionable la viabilidad" de un sistema sanitario público "con un mínimo de calidad".

Los sindicatos destacan también la aplicación "por primera vez en el ámbito sanitario" de la tasa de reposición de efectivos, situada en estos presupuestos en el 10 por ciento, que obligará a que por cada 10 profesionales de una categoría concreta que se jubilen o que finalicen su relación laboral con contratos estructurales en el SNS, sólo se podrá realizar una contratación.

La aplicación de esta medida conduce a quienes tienen la obligación de gestionar los centros sanitarios a buscar alternativas fuera del empleo público y de las características que definen al mismo.

EL SNS SE ABRE "DE PAR EN PAR" A LAS ETT

A su juicio, con esta medida "se esta abriendo la puerta de par en par" a la participación en el SNS a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y a la eliminación de las bolsas de empleo que, bajo los criterios que definen el empleo público, gestionan los diferentes Servicios de Salud.

Las medidas desarrolladas durante 2010 con respecto a la suspensión de diferentes acuerdos de carrera profesional han incidido en la suspensión en el acceso a nuevos niveles, la congelación de las cantidades adscritas a cada nivel y a la no implantación del proceso ordinario tras finalizar el extraordinario.

"Todas son medidas agresivas contra los profesionales del sector, que poco contribuyen al establecimiento de un buen clima laboral", explican los sindicatos en el manifiesto.

Entre las propuestas de las organizaciones sindicales para evitar que la situación empeore, proponen que el SNS "cumpla el papel que tiene asignado" y se convierta en "una de las bases del Estado de Bienestar" pasan por realizar reformas estructurales en cinco ejes: la suficiencia financiera, equidad y solidaridad, sostenibilidad, gobernabilidad y racionalidad de la Sanidad y la práctica clínica.

FONDOS FINALISTAS, UNA DE LAS SOLUCIONES

Para ello, abogan por exigir que los fondos destinados a gasto sanitario tengan carácter finalista, establecer políticas activas para control del gasto farmacéutico y alta tecnología, y exigir al conjunto de los Gobiernos (central y autonómicos) adecuar el presupuesto del gasto sanitario al gasto real ejecutado.

Igualmente, proponen medidas organizativas que pasan por potenciar la Atención Primaria y la práctica clínica, mientras que algunas recomendaciones para garantizar la legitimación del SNS pasan por reactivar los mecanismos e instrumentos de participación social, profesional y ciudadana, conseguir prácticas de buen gobierno y garantizar el cumplimiento de los acuerdos.