Denuncia que el Ejecutivo "ha paralizado" el Plan de Acción para Mayores que impulsó el Gobierno de Aznar
MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de Ley, que recoge Europa Press, por la que insta al Gobierno a elaborar un protocolo para que el personal sanitario y los asistentes sociales puedan prevenir, detectar y, en su caso, denunciar los posibles casos de maltrato a personas mayores.
El PP hace referencia en su iniciativa a estudios recientes, según los cuales, el 40 por ciento de los mayores, "conviven día a día" con situaciones de malos tratos: ausencia de cuidados, deshidratación, malnutrición o falta de higiene; ausencia de afecto; maltrato psicológico, físico, agresiones sexuales o abuso económico.
En declaraciones a Europa Press, la diputada Carmen Quintanilla, responsable de esta iniciativa, denunció que el Gobierno ha "paralizado" el Plan de Acción para las Personas Mayores que impulsó el PP cuando estaba al frente del Ejecutivo. "No podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que reconocer que en ocasiones, la situación de nuestros mayores no es la más halagüeña y es necesario que nos pongamos a trabajar", destacó.
Por ello, la proposición exige al Gobierno que realice un informe, en el plazo de seis meses, que refleje la situación real de los malos tratos a los mayores y que ejecute las medidas contempladas en el citado Plan de Acción.
EL 90 POR CIENTO NO DENUNCIA.
Según datos del PP, a partir de distintos estudios e informes sobre la materia, en el 90 por ciento de estos casos los mayores no han denunciado la situación que padecen por miedo a ser llevados a una residencia o por la dependencia que mantienen de su maltratador.
Así, según los mismos datos, en el 72 por ciento de los casos, los mayores maltratados conviven con su agresor, que suele ser al mismo tiempo, su cuidador habitual (hijos, yernos o nueras en un 55 por ciento; cónyuges en un 12 por ciento y otras personas en el 25 por ciento restante).
El PP denuncia que "se trata de situaciones que permanecen ocultas y cuyas víctimas silenciosas encajan en el perfil de una mujer mayor de 75 años, con discapacidad física o muy deteriorada físicamente, con algún tipo de enfermedad mental o demencia y trastornos de la conducta. "En definitiva, una persona frágil y vulnerable", apostillan los 'populares' en la exposición de motivos.
No obstante, Carmen Quintanilla asegura que el objetivo de esta proposición no es "criminalizar al cuidador" dado que, en ocasiones, este maltrato es fruto de la falta de preparación de los familiares que tienen a su cargo a las personas mayores.
