MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PP ha rechazado en el Congreso la iniciativa socialista que instaba al Gobierno a asegurar la dotación presupuestaria de los programas de formación en materia de donación y trasplante de órganos, además de que se mantuvieran las mismas cuantías que en 2012, "para hacer posible el mantenimiento de esta actividad por parte de las comunidades autónomas".
El PSOE ha realizado esta petición tras el recorte del 20 por ciento publicado en el BOE de la semana pasada en la convocatoria de subvenciones encaminadas, entre otros objetivos, a mejorar los índices de donación y coincidiendo con la puesta en marcha del decreto de reforma sanitaria hace apenas un año.
Se trata de una moción, consecuencia de la interpelación que la titular del ramo, Ana Mato, y el portavoz socialista de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, tuvieron ocasión de debatir la semana pasada en la Cámara Baja y que sí ha sido respaldada por CiU, IU-ICV-CHA, UPyD, PNV, BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, Compromís-Equo.
Precisamente, Ana Mato aseguró en una entrevista radiofónica que este 'tijeretazo' del 20 por ciento en las subvenciones no iba a afectar al funcionamiento de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).
En este caso, Martínez Olmos, ha avisado de que el Gobierno ha decidido que las comunidades autónomas que no cumplan el objetivo de déficit serán discriminadas salvo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, considere lo contrario.
"Corren riesgo programas de donación de órganos y de trasplantes, programas preventivos muy relevantes que pueden tener consecuencias en la salud de las personas y pedimos al Gobierno que se pueda evitar una discriminación que por razones de política económica tengan que pagar los ciudadanos", ha sentenciado.
A esta iniciativa la Izquierda Plural ha sido la única formación que ha presentado una enmienda, que finalmente ha sido rechazada y, en su defensa, Gaspar Llamazares, ha criticado que la política de recortes sanitarios que están emprendiendo el Ejecutivo, y que no estaban en el proyecto de presupuestos, provoca "desasosiego" entre los ciudadanos y llevan al "desbarajuste sanitario".
Si siguen estas medidas, Llamazares ha advertido de que "no quedará más remedio" que reprobar a la titular de Sanidad, Ana Mato, que en su opinión acepta las medidas de recorte impuestas por Hacienda, y es "incapaz" de liderar la confianza de los ciudadanos en la Sanidad y un pacto de Estado por la Sanidad.
LA OPOSICIÓN, EN CONTRA DE LOS RECORTES DEL GOBIERNO
Desde la oposición, la mayor parte de grupos ha aprovechado su intervención para rechazar el decreto de reforma sanitaria puesto en marcha por el Ejecutivo hace un año. De hecho, Rosa Díez, de UPyD, ha señalado que al ver la opinión de la oposición, el Gobierno podría aprovechar el momento para hacer un balance de este decreto de recortes.
"El instrumento que nos traían era llamado a fracasar y no nos hicieron ningún caso a lo que aquí se les dijo", ha criticado, al mismo tiempo que ha recordado que el "demoledor" informe del Defensor del Pueblo de febrero puso de manifiesto que todas las cuestiones sobre las que la oposición había alertado habían producido un perjuicio a la salud de los españoles.
Conxita Tarruella, de CiU, ha destacado la unanimidad de la oposición contra el decreto de reforma sanitaria hace un año, donde se introduce el derecho de aseguramiento por ejemplo, y por ello ha recalcado que apoyará la moción, especialmente el punto segundo, relativo a realizar una evaluación del impacto en la salud del decreto de reforma sanitaria.
Eso sí, la nacionalista catalana ha dado un "tironcito de orejas" a sus compañeros de PSOE e IU, al abandonar el grupo de trabajo del Congreso para un pacto sociosanitario y al que dice que todavía están a tiempo de incluirse, para buscar la solución a la financiación del sistema de salud.
Desde Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha destacado que la web del Ministerio de Sanidad "miente" y por ejemplo dice que las personas con discapacidad no pagan medicamentos cuando sí lo están haciendo, a su juicio, al mismo tiempo que ha resaltado que el problema es que existe un presupuesto inferior a lo previsto y no de endeudamiento, y los recortes están dando más peso al sistema privado.
Por su parte, Pedro Quevedo, de Coalición Canaria-Nueva Canarias, ha resaltado que el sistema español de salud es uno de los mejores del mundo y ha denunciado la destrucción de los grandes servicios públicos.
Mientras, desde el BNG Rosana Pérez cree que la única solución que tiene ahora mismo la sanidad española es que se derogue el decreto de reforma sanitaria, así como la dimisión de forma inmediata de la ministra de Sanidad. Además, se ha manifestado en contra de la privatización de los servicios sanitarios, del copago o de los recortes en programas de trasplantes, como plantea la moción.
TRASPLANTES Y OBJETIVOS DE DÉFICIT
Por otro lado, la iniciativa socialista pedía igualmente que se garantizase que los presupuestos de cooperación del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, para el desarrollo de programas de salud de interés de conjunto que se vienen realizando desde hace muchos años, no estén supeditados al cumplimiento de objetivos de déficit, para no perjudicar así la salud de la ciudadanía.
De hecho, la semana pasada el PP rechazó la solicitud de comparecencia registrada por el PSOE para que la ministra de Sanidad explicase en el Pleno de la Cámara Baja por qué el Gobierno está estudiando suprimir estas subvenciones anuales para trasplantes y donaciones de órganos a todas aquellas comunidades autónomas que incumplan los objetivos.
Se trata de una de las penalizaciones recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria dirigida a esas autonomías que incumplan el objetivo de déficit y el del techo de gasto.
Eso sí, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, recalcó entonces en el Congreso que éstas no se iban a aplicar automáticamente, sino que se iba a tener en cuenta el esfuerzo realizado por cada autonomía para la reducción del déficit.
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS RECORTES SANITARIOS
El PSOE exigía también en esta moción que se evalúe el impacto en la salud generado por el decreto de reforma sanitaria puesto en marcha hace exactamente un año, tal y como se establece en la Ley General de Salud Pública, para rectificar aquellas medidas que "perjudiquen la salud de la ciudadanía".
Es más, quería que se promuevan las medidas normativas necesarias que aseguren la "plena universalidad" del derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y la atención sanitaria, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular, cuya asistencia se ha visto mermada en esta reforma sanitaria.
Asimismo, planteaba en la votación que se impulse el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, apostando por la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud y, en especial, la vacunación basada en evidencias científicas, la educación sanitaria y los hábitos alimentarios saludables, los problemas en materia de obesidad, drogas, salud sexual y reproductiva, entre otras prioridades.
