MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PP considera que tras la reforma sanitaria impulsada por la ministra del ramo Ana Mato ahora es el momento de "consolidar" la "mejora" que a su juicio a supuesto para el Sistema Nacional de Salud (SNS), según plantean en una de sus 15 propuestas de resolución del Debate sobre el estado de la Nación, mientras que varios grupos de la oposición como PSOE, La Izquierda Plural o PNV exigen una vez más su derogación y la vuelta a una sanidad universal.
Así, el Grupo Popular en el Congreso entiende que esta consolidación pasa por la igualdad de acceso de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, por un incremento de la calidad y la consolidación de la eficiencia, la innovación terapéutica.
Para ello, los 'populares' instan al Gobierno a impulsar la "plena implantación" de la receta electrónica y la historia clínica digital, accesibles con la tarjeta sanitaria; mejorar la continuidad asistencial en pacientes crónicos o avanzados con un enfoque socio-sanitario; e impulsar la excelencia en la formación y planificación en la ordenación de las profesiones sanitarias.
Asimismo, entienden que el Gobierno debe seguir avanzando en el Pacto por la sostenibilidad del SNS que ya ha firmado con la profesión médica y enfermera, los farmacéuticos y los pacientes.
Por otro lado, en el campo de los Servicios Sociales, el PP aboga por seguir evaluando la Ley de Dependencia, aprobar el Plan de Acción de la Estrategia Española de Discapacidad, elaborar un Plan Integral de Apoyo a la Familia 2014-2017 o reformar la promoción del acogimiento familiar y la adopción de menores en desamparo.
En el ámbito de la infancia también quiere que se centre el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, así como en los grupos más vulnerables, impulsando programas de atención social destinados fundamentalmente a la lucha contra la pobreza infantil.
Los 'populares' también piden aprobar el Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y consolidar la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género; así como la Estrategia de Juventud 2020.
SANIDAD UNIVERSAL, TAMBIÉN PARA INMIGRANTES Y EMIGRANTES
Frente a estas propuestas, el Grupo Socialista ha presentado una propuesta de resolución en la que reclama recuperar el carácter universal del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular y los españoles que salgan de España, para lo que se debería derogar la citada reforma sanitaria de Mato, así como las disposiciones que niegan ese derecho a los que se desplacen fuera de España por tiempo superior a 90 días.
Asimismo, también piden suprimir los copagos introducidos por el Gobierno (el copago farmacéutico a los pensionistas o el copago hospitalario, entre otros), restablecer una cartera única de prestaciones sanitarias en la que esté la reproducción asistida sin límites para las mujeres e implantar un proceso de subasta de medicamentos similar al impulsado por el Gobierno de la Junta de Andalucía.
También proponen elaborar en los próximos 6 meses un informe sobre el impacto que la reforma sanitaria ha tenido en la salud y en la economía de las personas y de las familias; y elaborar con las comunidades un plan de choque contra las listas de espera quirúrgica, de consultas externas y de acceso a pruebas diagnósticas, con un presupuesto específico por parte del Ministerio de Sanidad. Pidiendo además que se informe de esta demora de forma mensual.
El PSOE también incluye en su resolución una propuesta para paralizar y revertir los actuales procesos de privatización de la gestión de los hospitales y centros de salud públicos impulsados en determinadas comunidades.
Y en lo que respecta al ámbito social, los socialistas piden situar la lucha contra la pobreza y la exclusión social en el centro de la agenda
política, promoviendo un amplio acuerdo social, aprobar un Plan contra la pobreza infantil; y crear un Fondo de Emergencia contra la Pobreza y la
Exclusión Social, dotado con 1.000 millones de euros, para reforzar los mecanismos de atención directa a las personas y familias en situación de pobreza y exclusión social.
CiU PIDE PONER UN 'SUELO' A LA INVERSIÓN EN SANIDAD
Desde CiU, por su parte, proponen abordar junto a las comunidades autónomas una Estrategia contra la desigualdad social que establezca los límites de inversión mínima en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, respecto al gasto global de las administraciones públicas, y que incluya un gran acuerdo político para garantizar el Estado del Bienestar, con un suelo social de gasto mínimo en Educación, Sanidad y Servicios Sociales, incluida la atención a la Dependencia.
Además, plantea la promoción de un gran acuerdo político, así como garantizar la universalización y mejora de la financiación de la sanidad, facilitando el acceso a los servicios sanitarios a toda la población, teniendo especial consideración a los colectivos socialmente más frágiles ante la actual situación de crisis económica.
A su vez, propone crear en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una subcomisión para analizar las actuaciones a adoptar por la administración general del Estado, con el objetivo de reducir la desigualdad e incrementar la cohesión social en España.
La Izquierda Plural, entre sus propuestas propone un plan estatal de lucha contra la pobreza, insta al Gobierno a consolidar el sistema de servicios sociales, restablecer el programa de teleasistencia domiciliaria, o elabore una ley de Atención a la infancia.
ESTUDIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN LA SALUD MENTAL
En materia sanitaria pide también que se derogue el decreto de abril de 2012, se complete y garantice la sanidad pública y universal, se elaboren y promuevan planes para prevenir y tratar los efectos de la crisis en la salud mental, se rechace el repago de pensionistas, se recupere el presupuesto para el Plan de Prevención del Sida.
Por parte del PNV, dedica una de sus enmiendas a pedir la derogación del decreto de abril de 2012 por el que se pone en marcha el copago farmacéutico o que "rompe el principio de universalidad de la sanidad pública" negando la asistencia sanitaira a los inmigrantes sin papeles, por tanto, un decreto que a su juicio ha incurrido en una "flagrante invasión" competencial, por el que presentó un recurso de inconstitucionalidad.
En materia de dependencia, la formación nacionalista vasca quiere que se recuperen las consignaciones presupuestarias de las que "unilateralmente se ha desentendido la Administración General del Estado". Según denuncia, la realidad que se está viviendo con respecto a esta ley es "decepcionante" ante los recortes en las prestaciones, la ampliación de plazos de ejercicio de derechos, retrasos en el cobro de muchas organizaciones prestadoras de servicios, así como la supresión "unilateral" por parte del Gobierno de su nivel de aportación al sistema.
