MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley (PNL) para instar al Gobierno a poner en marcha "de inmediato" la creación de los registros de sanitarios objetores de conciencia a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en toda España.
Según expone en el texto, "el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un pilar fundamental para la autonomía de las mujeres", recogido desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y blindado y ampliado con la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero.
"Sin embargo, a pesar de la legislación vigente, 15 años después, este derecho sigue estando condicionado según el territorio y siendo inaccesible en muchas ocasiones", critica haciendo referencia a datos del Ministerio de Sanidad de 2023, cuando se registraron 103.097 IVE y el 81,45 por ciento de las mismas se realizaron en centros privados.
"Esta situación no refleja una preferencia de las mujeres, sino una consecuencia de la falta de garantías en el sistema público de salud, donde la objeción de conciencia colectiva de los equipos sanitarios actúa como una barrera estructural", detalla.
Así, señala que la creación de registros de objetores de conciencia se incluye en la Ley Orgánica 1/2023, con el fin de planificar recursos humanos suficientes y evitar que la objeción de conciencia individual se convierta en una forma de veto colectivo, pero advierte que dos años después de su aprobación, estos registros no se han puesto en marcha.
En este punto, denuncia que esta "inacción institucional supone una vulneración de la ley y una grave irresponsabilidad en un contexto internacional donde los derechos sexuales y reproductivos están siendo atacados y cuando España no es ajena a esta ola reaccionaria viendo propuestas como las de Vox de establecer protocolos para escuchar el latido fetal o de exigir ecografías obligatorias".
Por ello, urge a blindar el derecho al aborto y garantizar que pueda ejercerse en todos los territorios, "sin discriminaciones, sin obstáculos", para lo que insta a la creación en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de los registros de objetores.
Asimismo, propone que se garantice que dichos registros sean operativos, funcionales y estén actualizados en todos los servicios de salud autonómicos, asegurando que en cada centro público existan profesionales disponibles para garantizar el derecho al aborto en condiciones de igualdad y equidad territorial.
Junto a esto, pide establecer mecanismos de coordinación y supervisión con las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para asegurar el cumplimiento efectivo de la ley en todo el territorio estatal.
Por último, demanda que se deban rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados sobre el grado de implementación de los registros, detallando los pasos dados, los obstáculos encontrados y las medidas adoptadas para resolverlos.
