MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz adjunta del Grupo Mixto y diputada de Podemos Ione Belarra ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Sanidad sobre la "actual deriva de precarización y de privatización" del Sistema Nacional de Salud (SNS), todo ello en el marco de la crisis por los fallos de cribados de cáncer de mama en Andalucía y la falta de implementación de la legislación europea en esta materia en otras comunidades como Cataluña y Madrid.
"La escasez de personal en nuestro servicio público de salud se ha convertido en algo endémico, tras más de 15 años de recortes presupuestarios y desviación del gasto hacia el sector privado", recogen los 'morados' en el documento presentado en la Cámara Baja, donde denuncian que este contexto no ayuda a reducir las listas de espera en especialidades y en Atención Primaria.
"El Ministerio de Sanidad publica estadísticas que muestran una mejora en 2023, que apenas supone una reducción del 0,92 por ciento. Esto demuestra que no es una preocupación para el actual gobierno de coalición", aseveran.
Por otra parte, apuntan que la colaboración público-privada es "un subterfugio para ocultar las transferencias financieras del servicio público de salud al sector sanitario privado, a cambio de reducir el personal, alargar los tiempos de espera, cerrar quirófanos y recortar camas hospitalarias y la disminución de la calidad de la atención en la Atención Primaria y de Urgencias".
Tras exponer esta situación, critican que ni el SNS ni el Consejo Interterritorial han demostrado ser eficaces para remediarlo y lamentan que tampoco han dedicado tiempo y recursos a paliar la "desigualdad" que produce el sistema entre la población en función del lugar de residencia.
"O se dota al Sistema Nacional de Salud de recursos y fondos presupuestarios y extraordinarios, tan extraordinarios como los 10 000 millones de euros destinados a defensa, que puedan paliar la actual "desigualdad", o nuestro Sistema Público de Salud seguirá con su deriva, que comenzó hace más de 15 años", manifiestan.
Con todo, remiten una serie de preguntas para que el Ministerio de Sanidad las responda por escrito en las que Podemos cuestiona acerca de cómo y cuándo se corregirá, rectificará o remediará la "cada vez mayor" escasez de profesionales médicos y sanitarios en las plantillas públicas. También preguntan sobre las medidas previstas, y el plazo para su ejecución, que permitan reducir las listas de espera.
Otra de las preguntas se centra en cómo y cuándo se corregirá el incumplimiento de la ley que supone que muchos de los contratos y concesiones sanitarias que siguen vigentes hayan expirado sin haber sido renovados mediante licitación u oferta pública. Junto a esto, cuestiona sobre las previsiones para corregir la "flagrante desigualdad" del SNS.
CRIBADOS DE CÁNCER
Sobre los cribados de cáncer, Podemos señala que la legislación europea contempla que que el rango de edad se amplíe pasar del actual, de 50 a 69 años, a cubrir la franja entre los 45 y los 74 años. Aunque precisa que algunas comunidades autónomas sí han aplicado la recomendación, otras como Madrid, Andalucía y Cataluña no lo han hecho.
"Madrid lo anunció hace meses, sin que haya habido más noticias hasta la fecha. La situación en Andalucía ha sacado a la luz un escándalo de fraude por parte de la propia administración andaluza, y en Cataluña, el Departamento de Salud ha anunciado recientemente que abandona su aplicación por falta de financiación y, en consecuencia, de personal", detalla.
Acerca de este incumplimiento, sostiene que España tiene un déficit de profesionales oncológicos, en comparación con Europa. "Mientras que el número medio de profesionales oncológicos en la Unión Europea es de 127 por cada millón de habitantes, en España se reduce a 105", indica.
Por ello, pregunta a Sanidad acerca de cómo y cuándo corregirá, rectificará o modificará estas "deficiencias" y si ha considerado una asignación presupuestaria extraordinaria para este fin. En la misma línea, cuestiona si el departamento ha considerado apropiado realizar una auditoría sobre el destino final de las asignaciones presupuestarias estipuladas para ello.
