MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Programas de Prevención del Sida se ha reunido este martes tras cuatro años de parón pese a que, según el decreto de composición y funcionamiento del organismo, debe reunirse al menos dos veces al año.
En el encuentro, presidido por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, han participado el secretario general de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco; representantes de los ministerios de Sanidad, Presidencia, Defensa, Justicia y Exteriores); el Consejo de la Juventud de España; representantes de las comunidades autónomas; colegios oficiales; sociedades científicas; y ONG implicadas en la respuesta al VIH.
Se trata del órgano que sirve de instrumento de coordinación de los programas desarrollados por las Administraciones Públicas para la prevención y control del VIH. Allí, Carcedo ha destacado el firme compromiso del Gobierno en la eliminación de todas las barreras para la prevención del VIH, su diagnóstico precoz y la no discriminación de las personas.
En concreto, ha trasladado al Pleno la situación epidemiológica de la infección por VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); la actividad internacional de la secretaría del Plan Nacional del SIDA; la recuperación para su actualización y desarrollo de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, así como la puesta en marcha de las medidas que contempla el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH, presentado el pasado diciembre.
Además, los responsables del Ministerio de Sanidad han informado a la Comisión de la puesta en marcha de los grupos de seguimiento para el desarrollo del Real Decreto de actualización de las causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público y que pone fin a la discriminación de las personas con VIH.
"Lo cierto es que los prejuicios acerca de algunas enfermedades infecciosas y, en particular, las de transmisión sexual provocan desigualdad en el acceso a servicios sociales, jurídicos y sanitarios así como al mercado laboral o a la vivienda. Y esta situación requiere una respuesta multisectorial consensuada y estable, como resultado de las aportaciones acordadas por todos los agentes clave a través de un proceso abierto y participativo", ha asegurado la ministra.
