MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -
Una plataforma de afectados, junto a la asociación Yo Sí Sanidad Universal, ha denunciado que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) está "sistemáticamente" denegando la tarjeta sanitaria a padres y madres de ciudadanos de la Unión Europea con permiso de residencia en España.
El Colectivo de Afectadas por el INSS se ha presentado este martes en una rueda de prensa en la que han lamentado que esta entidad "está incumpliendo la normativa vigente, que establece que las personas con permiso de residencia en España tienen derecho a la asistencia sanitaria a través del sistema público de salud".
Olga Lucía, una de las cabezas visibles del colectivo de afectados, ha explicado su caso. Según su propio testimonio, ella reside en España desde hace 20 años y tiene la nacionalidad. Sin embargo, cuando su madre vino a residir a España como familiar de un ciudadano de la Unión Europea, asegura que, tras solicitar su tarjeta sanitaria, le dijeron "verbalmente" que, de acuerdo con el Real Decreto Ley 16/2012, su madre "no tenía derecho a la asistencia de salud".
"Entonces, enviamos por correo certificado la solicitud y nos contestaron negando el derecho. Volvimos a enviar una reclamación, al INSS-Dirección Provincial de Madrid, nuevamente su respuesta fue denegar el derecho. Hace 2 años, mi madre enfermó y buscando soluciones a la grave situación de salud, primero presentamos una solicitud de Admisión en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y nos contestaron desestimando la solicitud. Volvimos y presentamos una reclamación, igualmente con resultado negativo. Finalmente, presentamos una denuncia al INSS ante el Juzgado de lo Social. Fue allí donde nos estimaron el reconocieron al derecho a ser inscrita conforme al SNS y nos otorgaron su tarjeta sanitaria", ha explicado esta afectada.
Entre las personas que integran el grupo, aseguran que se han interpuesto 7 demandas similares contra el INSS con "sentencias favorables", es decir, con la consecuente concesión de la tarjeta sanitaria. Tal y como han detallado los responsables de esta plataforma, entre ellos activistas, juristas y abogados, ahora mismo hay otros 4 casos judiciales que se resolverán en los próximos meses. Según señalan, desde 2014 ha habido más de 40 sentencias contra el INSS por esta razón en 8 comunidades autónomas diferentes, 22 de ellas en los Tribunales Superiores de Justicia.
"Pero pese a ello, el INSS persiste en esta práctica ilegal e injusta de exclusión sanitaria hacia este colectivo", han criticado. Además, aseguran que el INSS, "traspasando límites morales, éticos y administrativos" comunica en cada caso a la Delegación de Gobierno los datos de las personas que les denuncian, y ésta incoa expedientes para retirar los permisos de residencia a las personas que denuncian bajo el argumento de que "presuponen que podrían tener un seguro privado".
Desde la plataforma consideran este hecho una "interpretación arbitraria". "No obstante, muchas de las sentencias falladas contra el INSS establecen claramente la no obligación de contratar un seguro privado y siempre que hemos recurrido estos expedientes se han paralizado", ha expuesto el colectivo.
PIDEN A MONTÓN QUE LES TENGA EN CUENTA EN EL NUEVO DECRETO
Por todo ello, los afectados solicitan, en primer lugar, a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, que en la nueva normativa que está redactando el Ministerio para "acabar con la exclusión sanitaria", del que ya se ha presentado a las comunidades autónomas un primer borrado", "tenga en cuenta que hay muchas personas que han quedado excluidas por la interpretación que se ha hecho de la norma actual, y por normativas posteriores al decreto de exclusión sanitaria".
"Es por esto por lo que se hace imprescindible que la redacción de la nueva ley no dé lugar a la arbitrariedad en su aplicación", reclama el manifiesto de la organización. En este sentido, califican el borrador presentado de "muy decepcionante", porque estiman que "no va a suponer un gran cambio en la exclusión".
Y es que desde este colectivo lamentan que no derogue el anterior Real Decreto-Ley, así como que "mantenga la figura del aseguramiento frente a la titularidad de derechos". "Introduce una fórmula de beneficiarios, por ejemplo a los inmigrantes se les va a padir como resquisitos demostrar que no tienen sanidad extensible desde su país", han señalado.
Igualmente, critican que el nuevo borrador "deja en manos de las comunidades autónomas la regulación del acceso", y que, a su vez, tampoco resuelve el problema de los españoles que perdieron su cobertura por salir a trabajar al extranjero. En definitiva, creen que la normativa "no es clara" y "va a mantener la exclusión".
