MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
Responsables en materia de sanidad de PP, PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida (IU) han mostrado su apoyo a los afectados por la Talidomida y se han comprometido a tomar diferentes medidas para ayudarles a pesar de las últimas sentencias judiciales han desestimado que tengan que ser indemnizados por el laboratorio fabricante del medicamento, la compañía alemana Grünenthal.
Todos han participado en la jornada 'Realidad de los afectados de Talidomida en España' organizada por la asociación de afectados Avite en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), a la que también estaba invitada un representante de Podemos que finalmente no ha podido acudir.
"El objetivo final es que el laboratorio pague por los daños que ha producido en las personas, pero mientras se pueden ir haciendo otras cosas", ha defendido la secretaria de Sanidad del PSOE y consejera de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, que ha calificado el caso como un "problema fundamental de memoria histórica".
La dirigente socialista ha lamentado que tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Provincial de Madrid rechazaran que Grünenthal indemnizara a los afectados en España por los efectos adversos de este medicamento, que se comercializaba para paliar las náuseas durante el embarazo y que posteriormente se demostró que podía causar malformaciones en el feto.
Sobre todo, ha añadido, cuando en el último año obtuvieron más de 3.700 millones de euros de beneficio. "Bien podrían haber tenido el reconocimiento que han tenido en otros países, con o sin sentencia", ha denunciado.
No obstante, más allá de las responsabilidades del laboratorio se ha mostrado abierta ofrecer diferentes ayudas a este colectivo como, por ejemplo, eximirles del copago de medicamentos, tener en cuenta su situación en el reconocimiento de la discapacidad o identificar la relación causal entre las malformaciones y el consumo de este medicamento.
Por su parte, el responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, ha rechazado los fallos judiciales como consecuencia de un Código Civil que "no ha respondido de forma adecuada y diligente" contra un problema que "arrastra" España desde hace años "sin que haya sido resuelto de forma satisfactoria".
El dirigente 'popular' también ha exigido al laboratorio que "tome conciencia" del problema y "dé pasos" en favor de los afectados "en lugar de sortear la realidad con medios legales".
Además, ha criticado que la respuesta de la farmacéutica fuera distinta en Alemania. "Eso es discriminación y hay instrumentos para evitarlo" en el ámbito de la Unión Europea, según Echániz.
Del mismo modo, también se ha mostrado partidario de tomar otras medidas como la reevaluación del protocolo elaborado por el Instituto de Salud Carlos III para el reconocimiento de síndrome talidomídico, que a su juicio ha sido un "cuello de botella" para estos afectados; o diferentes "cuestiones de ventaja comparativa" en el acceso a medicamentos y los servicios sociales.
"LA RESPONSABILIDAD, NO SOLO DE LA FARMACÉUTICA"
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad, Francisco Igea, ha defendido que la responsabilidad del problema "no solo compete a la farmacéutica" y asegura que el Estado debe amparar a estos afectados con independencia de que las sentencias argumenten que el delito ha prescrito.
"Es más fácil echar la culpa a alguien de fuera, pero el Estado y los políticos no podemos eludir las responsabilidades", según ha destacado este dirigente, que también ha criticado que algunos dirigentes se lamenten de las sentencias cuando "los jueces actúan en función de las leyes que dictan los políticos".
Asimismo, el responsable de la formación 'naranja' ha defendido que el registro no tenga fecha de caducidad e incorpore criterios objetivos para la valoración de estos afectados. "Ahora incluso hay algoritmos informatizados para hacer objetiva su evaluación", ha destacado Igea, que también propone tomar medidas contra posibles conflictos de intereses entre médicos, políticos y la industria para que las decisiones sean "más independientes para los ciudadanos".
Por su parte, el dirigente de Izquierda Unida (IU) José Andrés Llamas también ha defendido que los afectados por la talidomida no paguen nada por sus medicinas y flexibilidad en la evaluación de sus discapacidades. "Esperamos que el nuevo Gobierno sea capaz de responder a todas estas injusticias y evitar que se produzcan situaciones similares", ha sentenciado.
