Archivo - Una página web de juego 'online', a 16 de marzo de 2025, en Madrid (España). El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 registró en 2024 casi un total de 7.712 denuncias de personas que aseguraron ser víctimas de suplantación de i - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio de los Problemas de las Adicciones insta al Gobierno a modificar la normativa y los criterios administrativos aplicables al 'Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego' para ampliar de seis meses a un año el plazo mínimo de vigencia de la autoprohibición voluntaria para jugadores con problemas de adicción.
Así lo reclama el Parlamento al Ejecutivo tras aprobar este martes una Proposición no de Ley impulsada por el PP, que ha salido adelante con los 18 votos a favor de los 'populares', mientras que PSOE, VOX y Sumar se han abstenido.
En este sentido, la iniciativa también pide al Ejecutivo que se garantice que el cambio en el plazo mínimo de vigencia "responda a criterios clínicos y de protección eficaz desde el consenso real con las asociaciones especializadas en el tratamiento de las adicciones al juego, así como de los expertos en prevención y salud mental".
Asimismo, se llama a estudiar mecanismos complementarios de seguimiento, apoyo psicológico y evaluación previa en los procedimientos de baja del registro, especialmente en los casos reincidentes o con especial vulnerabilidad, para "garantizar el carácter protector de esta medida, así como la salida responsable del sistema de autoprohibición y evitar recaídas".
En su defensa de la iniciativa, la diputada del PP Lourdes Ramírez ha manifestado que es "sensata, proporcionada y necesaria, no invade competencias, no estigmatiza y no impone tratamientos", sino que "refuerza una herramienta preventiva para que cumpla, de verdad, su función protectora".
"Ampliar plazos, escuchar a los expertos y acompañar los procesos no es ideología, es responsabilidad política", ha declarado Ramírez, al tiempo que ha indicado que el PP cree que "proteger a los más vulnerables no puede esperar".
PUEDE GENERAR "EFECTOS CONTRAPRODUCENTES"
Por su parte, la diputada del PSOE Olvido de la Rosa ha anunciado la abstención de su grupo y ha argumentado que el sistema ya permite la prórroga del plazo y ha avisado de que "un sistema excesivamente rígido para estas personas en la fase inicial puede generar efectos contraproducentes, como la sensación de pérdida de control por parte de la persona o, lo que es más grave, el desplazamiento hacia el juego ilegal durante ese tiempo".
"No compartimos tampoco la propuesta de introducir evaluaciones psicológicas obligatorias como requisito para salir del registro. El acceso al registro tiene, en la mayoría de los casos, un carácter voluntario y no puede presuponerse que las personas inscritas hayan perdido o tengan menoscabado el libre ejercicio de su voluntad", ha defendido la socialista.
Para el portavoz de Vox, Tomás Fernández, medidas como esta, "por muy bien intencionada que sea", no atajan el "problema de fondo" del que adolece el registro que, a su juicio, es la "interterritorialidad". "La existencia en España de, al menos, 17 registros de interdicciones distintos, muchos de ellos sin conexión efectiva entre sí, constituye una disfunción del sistema", ha alertado.
Desde Sumar, Rafael Cofiño ha afirmado que "siendo razonable", quizás ha que abordarlo "de una forma mucho más calmada y evitando esta culpabilización partidista con lo que a veces se utilizan ciertas decisiones".
Por otro lado, la Comisión Mixta de Adicciones ha aprobado otra iniciativa del PP para instar al Gobierno de España a "incrementar y priorizar la inversión en campañas y medidas de prevención de la ludopatía online, de forma que, como mínimo, se iguale o supere la cuantía total destinada a la promoción del juego, considerando todos los programas, campañas publicitarias y acciones financiadas desde ministerios, entidades públicas y cualquier instrumento de comunicación institucional".
También quiere que el Ejecutivo "impulse la realización de un estudio científico exhaustivo que profundice en la perspectiva neurológica, psicológica y social del trastorno por juego, integrando evidencia científica actualizada sobre factores de riesgo, mecanismos adictivos, impacto en la salud mental y tratamientos emergentes basados en la evidencia".
Poner en marcha campañas de concienciación y sensibilización dirigidas especialmente a adolescentes, familias y comunidades educativas, que aborden de manera explícita el impacto de las tecnologías digitales, los dispositivos móviles y las plataformas de juego online en la salud mental y el comportamiento, con el fin de reducir los riesgos asociados al uso compulsivo y prevenir la aparición de la adicción es otra de las medidas incluidas en la iniciativa.
