MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los países podrían enfrentarse a una ola de casos de empresas transnacionales que, utilizando un sistema conocido como solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), demandan a los gobiernos por las medidas adoptadas para responder a la pandemia de COVID-19, según han advertido 630 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo.
El ISDS está incluido en muchos acuerdos de comercio y protección de inversiones. Permite a los inversores extranjeros demandar a los gobiernos en tribunales fuera del sistema legal nacional "por cantidades mucho más altas de las que probablemente estén disponibles para ellos en los tribunales nacionales", advierten estas organizaciones, que en España representan la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), sindicatos o Medicus Mundi.
Según apuntan, los casos podrían surgir de las medidas que muchos gobiernos han adoptado para salvar vidas, frenar la pandemia, proteger los empleos, contrarrestar el desastre económico y garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de las personas. "En Perú ya se han presentado amenazas de casos por la suspensión del cobro de peajes en las carreteras, y los bufetes de abogados están asesorando activamente a las empresas sobre las opciones que tienen a su disposición", alertan.
Las organizaciones están pidiendo a los gobiernos que tomen "urgentemente" medidas "prácticas" para restringir y suspender el uso del ISDS durante la pandemia, así como para poner fin a los riesgos del ISDS "para siempre".
