El ministro de Consumo, Alberto Garzón, urgió en marzo al PSOE a que desbloqueara el Real Decreto
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Representantes de cinco organizaciones e instituciones públicas, que han participado activamente en la elaboración del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030, han acusado a "algunos" ministerios de "impedir" con "informes desfavorables" el avance de la regulación de la publicidad de alimentos no saludables.
Así lo han puesto de manifiesto en una carta publicada en 'The Lancet' en la que han explicado que la regulación de la publicidad de alimentos no saludables es una de las principales prioridades del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030 de España, impulsado por la Presidencia del Gobierno.
En 2022, el Ministerio de Consumo redactó un Real Decreto para regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños. Sin embargo, según denuncian las organizaciones, el Real Decreto no ha sido contemplado en el Plan Regulador Anual del Gobierno para 2023, a pesar de que la propuesta cuenta con un amplio respaldo, se encuentra en un avanzado estado de tramitación y cuenta con el preceptivo visado de la Comisión Nacional de la Competencia en los Mercados.
"Los informes desfavorables de algunos de los ministerios que participaron en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030 están impidiendo el avance de los procesos de regulación contra la publicidad de alimentos no saludables", señala en su misiva.
En este sentido, y ante la posibilidad de que las compañías se autoregulen, las organizaciones aseguran que, según la evidencia científica, la autorregulación de la publicidad de alimentos y bebidas altos en grasas saturadas, sal o azúcar es ineficaz para proteger a los niños y adolescentes de la exposición a la publicidad de alimentos no saludables.
"Esta situación supone un bloqueo para la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030, por lo que estos ministerios deberían trabajar para llegar a un consenso en base al borrador publicado por el Ministerio de Consumo, para que finalmente se pueda aprobar el Real Decreto", denuncian en la carta.
La carta pone de relieve el impacto positivo que tendría la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los niños, que en su propuesta actual se alinea con las recomendaciones de sociedades científicas y profesionales de salud pública, nutrición y pediatría, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, y cuenta con el apoyo de la práctica totalidad de la población española.
Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran UNICEF, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) y la Fundación Gasol, han asegurado que "esta política no solo cuenta con sólidos fundamentos éticos y científicos, sino que también cuenta con las garantías legales obligatorias para ser aprobada". "El Real Decreto contribuirá sustancialmente a la protección de los derechos de los niños y adolescentes y a la promoción de la salud pública", han añadido.
La carta está firmada miembros de organizaciones e instituciones públicas, científicas y del tercer sector de la sociedad civil, que han participado activamente en la elaboración del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil 2022-2030.
Así, la firman Miguel Ángel Royo-Bordonada, jefe del Área de Estudios de la Escuela Nacional de Salud Pública. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación; Santiago Felipe Gómez, Director de Investigación y Programas de la Gasol Foundation Europa, miembro del CIBERESP - Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública. Instituto de Salud Carlos IIII, y Luisa María Capellán, Presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA).
Además, la firman Jesús Vioque López, Coordinador del Grupo de Nutrición de la Sociedad Española de Epidemiología. Miembro del CIBERESP - Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública. Instituto de Salud Carlos III y Cristina Junquera Abaitua, Responsable de Incidencia y Estudios, Dirección de Sensibilización y Políticas de Infancia UNICEF Comité Español.
La Alianza por una Alimentación Saludable se ha sumado a la carta instando al Gobierno a desbloquear el Real Decreto de control de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables.
La Alianza ha reclamado la publicación de este Real Decreto de forma reiterada y por diferentes vías durante el último año: por petición al Defensor del Pueblo, recopilación de firmas y la voluntad de mantener un canal de diálogo abierto con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
CONSUMO PIDIÓ LEVANTAR EL VETO AL BORRADOR
Durante el mes de marzo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, advirtió al PSOE, socio de Unidas Podemos del Gobierno de coalición, de que la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil no vería la luz si no levanta el "veto" al Real Decreto antes de que finalizara el mes, según informaron fuentes del Ministerio.
Para intentar llegar a un acuerdo para aprobar esta regulación, el ministro elevó a Presidencia del Gobierno, a través de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la necesidad de "desbloquear" el real decreto antes del 31 de marzo. Según Consumo, la norma permanecía "bloqueada" tras el "veto" de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; y de Industria, Comercio y Turismo, que emitieron informes negativos a la regulación.
Si el Gobierno de coalición finalmente no llegaba a un acuerdo antes del 31 de marzo, el Real Decreto que regula la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas al público infantil, presentado por el Ministerio de Consumo, no vería la luz esta legislatura ya que, antes de ser aprobado en el Consejo de Ministros, debe evaluarlo la Comisión Europea, que en el plazo de tres meses deberá comprobar que no haya vulneración de la libertad, tal y como recuerdan desde este ministerio.
Por ello, desde el Ministerio consideraron que el Gobierno debería enviar el borrador del Real Decreto antes del 31 de marzo a Bruselas para que lo evaluara, ya que, antes de llegar al Consejo de Ministros, la iniciativa tendría que pasar también por el Consejo de Estado.
