MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
La mayor parte de los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados valora negativamente la aprobación e implantación del decreto ley del pasado 20 de abril de 2012 de reforma sanitaria, que lideró la cartera de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dirigida por la ministra Ana Mato.
La norma fue convalidada por la Cámara Baja el 17 de mayo de ese mismo año, y entre otros puntos, puso en marcha por primera vez en España el copago farmacéutico -que también por primera vez han tenido que asumir los pensionistas-, o medidas para controlar el 'turismo sanitario', como la retirada de la tarjeta a los inmigrantes ilegales.
Con este decreto ley, el Gobierno pretendía ahorrar más de 7.000 millones de euros en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Salió adelante con la mayoría parlamentaria del PP y el apoyo del único diputado de UPN. Fue rechazada por el resto de los grupos de la oposición.
Así, desde el PSOE, su portavoz en el Congreso en materia sanitaria, José Martínez Olmos, ha subrayado a Europa Press que este decreto de reforma sanitaria ha acabado con el carácter universal de la sanidad, quedándose miles de personas sin esa cobertura. Se trata de una medida a la que, según recalca, se oponen todos los grupos parlamentarios y las organizaciones de profesionales.
Además, señala que los copagos y los recortes en la materia perjudican la accesibilidad de los pacientes y, en especial a los pensionistas, pacientes crónicos y de enfermedades raras.
"Todo esto tiene como consecuencia más relevante el incremento de la desigualdad ante la salud. Finalmente los recortes no han servido para asegurar la sostenibilidad. En un solo año se han acumulado 9.000 millones de euros de deuda a proveedores", ha sentenciado.
Por su parte, la nacionalista catalana, Conxita Tarruella, subraya que, aunque en el fondo CiU compartía el decreto, no así las formas. "En su conjunto no ha sido muy buen decreto sobre todo por cambiar el modelo de asistencia, de derecho de ciudadanía. No nos gusta y se hizo por decreto ley cuando se podía haber tramitado como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios hicieran sus aportaciones", sentencia.
De hecho, recalca a Europa Press que "las prisas" con las que se aprobó la norma no eran reales puesto que ciertas medidas que tendrían que haber despegado no lo han hecho, como los tramos en el copago, que Mato anunció su modificación pero que todavía no se ha procedido a ello.
CONTINUIDAD CON LOS RECORTES
Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el diputado de IU, Gaspar Llamazares, critica que el 'decreto de Mato' va a tener continuidad como ya lo está teniendo en Madrid, con más recortes y privatizaciones que están haciendo que nuestra situación de salud empeore y que está degradando nuestro sistema sanitario, que es de los mejores de Europa".
En este sentido, Llamazares ha recordado que la reforma sanitaria ha pasado de ser "un decreto de sostenibilidad a un decreto de enfermedad y malestar". "Un sistema que era de calidad se ha convertido en un sistema de enfermedad, y hay colectivos como los pensionistas que dejan de tratarse o de consumir un determinado fármaco por su situación económica y social", ha dicho.
Por ello, el diputado de IU ha vuelto a reclamar la derogación inmediata de esta norma y la dimisión de Ana Mato, quien a su juicio es "el principal problema que tiene nuestro sistema sanitario", al mismo tiempo que ha animado a los profesionales sanitarios a la "desobediencia", ya que "ha sido lo que ha permitido evitar los males del decreto y tratar a personas con enfermedades infecciosas o a inmigrantes".
El 'número dos' de UPyD en el Congreso Carlos Martínez Gorriarán, considera que "lo más grave" desde la aplicación de este decreto es que el Gobierno está desmantelando el Sistema Nacional de Salud, y cada vez es "más patente" las diferencias entre las comunidades autónomas y la sanidad depende de quien gobierna y de los intereses locales, como a su juicio sucede en Madrid y Andalucía, "donde se ha avanzado hacia la privatización".
Según insiste en declaraciones a Europa Press, lo que más preocupa a UPyD es que el sistema era "razonable y eficaz", cumplía con las aspiraciones de los usuarios y ahora con el copagos, junto a las políticas de privatización "encubiertas es menos igualitario y equitativo".
"Ya no se puede hablar de un derecho universal a la salud y hay grandes diferencias, como lo que también pasa en Cataluña, que recibe mucho menos por pagar más", sentencia el portavoz adjunto de la formación magenta.
SIN ASISTENCIA SANITARIA A LOS 'SIN PAPELES'
Mientras, Isabel Sánchez, nueva portavoz en materia sanitaria del PNV considera que la aprobación de este decreto supuso el "quebranto" del principio de universalidad del sistema sanitario, un cambio de modelo, en el que el ciudadano era el centro del sistema, y se pasó a otro basado en la cotización a la seguridad social.
Esta concepción, a su juicio "errónea", ha supuesto que queden excluidos del sistema sanitario los colectivos más desfavorecidos, lo que también atenta contra el principio de equidad. Precisamente, Euskadi se negó a establecer el copago farmacéutico y a retirar la sanidad a los inmigrantes sin papeles, hasta que el TC se pronunció en diciembre e impuso el copago en la comunidad autónoma y permitió la asistencia sanitaria a este colectivo.
Además, Sánchez indica a Europa Press que el decreto supuso también el "quebranto" de otros de los principios que debe regir el sistema sanitario, el de la gratuidad. "Se impuso el copago como sistema de financiación y, una vez más, los ciudadanos más desfavorecidos son los más perjudicados", agrega.
Por ello, el PNV critica que estas medidas no estén justificadas económicamente, ya que la no atención de determinados colectivos podría generar el efecto contrario al pretendido.
UN AGUJERO DE 16.000 MILLONES DE EUROS
En el lado opuesto a la oposición, el grupo parlamentario del Gobierno, el PP, valora que cuando los 'populares' ganaron las elecciones, en noviembre de 2011, el Sistema Nacional de Salud acumulaba una deuda de 16.000 millones de euros, y las "inequidades asistenciales entre las comunidades autónomas, en su opinión, eran "más que evidentes".
Su portavoz en la materia, el valenciano Manuel Cervera sostiene que, desde entonces, desde que Ana Mato tomó las riendas del Ministerio de Sanidad, y se aprobó este decreto hace ahora un año, la situación del sistema sanitario ha mejorado, tanto en la optimización de los recursos disponibles, como en la promoción de la equidad, la cohesión, la calidad y la universalidad asistenciales.
De hecho, defiende en declaraciones a Europa Press que se ha puesto coto al 'turismo sanitario', se han reformulado las aportaciones adicionales de los usuarios para acceder a los medicamentos, se ha creado una agencia de evaluación para garantizar el coste-efectividad de toda tecnología y prestación incluida en la cartera pública de servicios, y, entre otros muchos avances, se han aplicado medidas de contención del gasto farmacéutico, como la revisión de precios y el fomento de los genéricos, que han generado un ahorro de 1.590 millones de euros en apenas nueve meses.
"Puede decirse, en consecuencia, que el Sistema Nacional de Salud está hoy día mucho mejor que en noviembre de 2011, y que su solvencia y su sostenibilidad son cada vez más sólidas desde que entraron en vigor las reformas contempladas en el decreto de reforma sanitaria de 2012", ha concluido.
