MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado una resolución contra el tráfico de órganos que pide a los Estados Miembros desarrollar sus propios sistemas de trasplantes, según los principios éticos defendidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sobre los que se asienta el sistema español de trasplantes, para prevenir y combatir la trata de personas con fines de extracción y tráfico de órganos humanos.
Se trata de una Resolución, promovida por España y Guatemala, que actualiza la aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas hace poco más de un año. En ella han trabajado estrechamente el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Con esta nueva Resolución, España apuesta por lograr que los delitos relacionados con la trata de personas para extracción de órganos y el tráfico de órganos, se analicen desde la perspectiva de los Derechos Humanos, la salud y la óptica penal. Se trata de delitos cuya prevención y persecución requieren de la formación adecuada y la estrecha colaboración de las autoridades sanitarias y especialistas de la salud con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.
La Resolución también reconoce el valor del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos, como primer documento legal internacional que define con precisión este delito y cuya apertura a firma se llevó a cabo en la ciudad española de Santiago de Compostela en el año 2015, en reconocimiento a nuestro país por su liderazgo en la lucha internacional contra este tipo de prácticas.
Entre otras medidas, la ONU propone velar porque la extracción de órganos humanos se produzca en centros específicamente autorizados por las autoridades sanitarias nacionales; realizar auditorías periódicas de los centros acreditados para la donación y el trasplante; y desarrollar registros que permitan garantizar la transparencia de la donación y el trasplante, la trazabilidad y la calidad y seguridad de los órganos humanos.
Además, de aportar información periódica a los registros internacionales, como el Observatorio Mundial de Donación y Trasplante establecido por la OMS y gestionado por la ONT en España; y capacitar a las fuerzas del orden, a los agentes de control de fronteras y profesionales sanitarios para detectar posibles casos, incluso en internet, de tráfico de órganos y trata de personas con fines de extracción de órganos y denunciar prácticas ilegales presuntas o confirmadas.
Finalmente, reclama adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las jurídicas, para proteger a las víctimas de trata y buscar fórmulas para remediar la vulnerabilidad de las personas que venden sus órganos.
También insta a la OMS, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a seguir elaborando directrices internacionales sobre los aspectos sanitarios, penales y de derechos humanos relacionados con la prevención y la lucha contra estos delitos. Más aún, solicita a la Secretaría General de Naciones Unidas la elaboración de un informe sobre la implantación de esta Resolución y su presentación en la Asamblea General en su 75º Periodo de Sesiones (año 2020). Con esta medida, España pretende que los países se comprometan al cumplimiento de todos los aspectos contenidos en la Resolución.
Los países copatrocinadores de esta Resolución se elevan ya a 69, distribuidos de forma equilibrada en todos los grupos regionales, frente a los 40 que apoyaron la anterior.
