Piden despenalizar la posesión de drogas para uso no médico
MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Una coalición de Estados Miembros de la ONU, entidades de las Naciones Unidas y destacados expertos en derechos humanos han lanzado este viernes un conjunto de estándares legales internacionales para transformar el enfoque hacia el problema mundial de las drogas.
Entre sus directrices, aconsejan que los Gobiernos permitan temporalmente el cultivo de drogas ilícitas para "permitir transiciones sin problemas a medios de vida más sostenibles". En este punto, citan el "éxito" de Tailandia en el apoyo a los agricultores de opio para la "transición a medios de vida alternativos".
"Combatir la desigualdad y la injusticia es una forma más efectiva para abordar el problema global de las drogas que las prisiones y la policía. Los derechos humanos deben ser los principales impulsores de su reforma, respaldando los controles y equilibrios para romper los ciclos de abuso", ha comentado la directora del Centro Internacional de Derechos Humanos y Políticas de Drogas de la Universidad de Essex (Reino Unido), Julie Hannah, que participado en la elaboración de la guía.
Reunidos en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, celebrada en Viena (Austria), estos expertos han consensuado estas directrices internacionales, que pretenden ser un estándar para que los Gobiernos desarrollen políticas de drogas que cumplan con los derechos humanos, cubriendo el espectro desde el cultivo hasta el consumo.
La guía incluye recomendaciones para acabar con las "prácticas policiales discriminatorias, arrestos y detenciones arbitrarias", y abogan por la "despenalización de drogas para uso personal". Así, proponen, entre otras medidas, poner fin a la pena de muerte para los delitos relacionados.
Al menos 25 Gobiernos, desde Argentina hasta Sudáfrica, han eliminado las sanciones penales por la posesión de drogas para uso personal no médico, ya sea en la ley o en la práctica, "dando un ejemplo a seguir para otros", recoge la guía como "alternativa a la condena y el castigo en los casos apropiados".
"El castigo y la exclusión han sido fundamentales para la guerra contra las drogas. Ha llegado el momento de privilegiar la dignidad humana sobre el aislamiento social y defender los derechos humanos, poniendo fin al vergonzoso legado del encarcelamiento en masa", ha señalado la directora ejecutiva de la Red Internacional de Personas que Consumen Drogas, Judy Chang.
Por otra parte, la guía recuerda que, de acuerdo con sus obligaciones de derecho a la salud, los países "deben garantizar la disponibilidad y accesibilidad" de los servicios de reducción de daños por drogas, que "deben ser financiados adecuadamente, adecuados a las necesidades de los grupos vulnerables y respetuosos con la dignidad humana".
"El 99 por ciento de las personas que se inyectan drogas no tienen acceso adecuado a los servicios de reducción de daños y se quedan atrás en el progreso contra el VIH. Más del 12 por ciento de las personas que se inyectan drogas viven con el VIH y más de la mitad tiene hepatitis C. La única forma de avanzar en el progreso es poner a las personas en el centro, no a las drogas", ha comentado el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé.
