MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) se personará como acusación particular contra el ciudadano libanés detenido el pasado mes de enero, junto a otros cuatro individuos, tras intentar sin éxito comprar en España un hígado a donantes supuestamente voluntarios.
"Lo que ha ocurrido ha sido uno de los momentos más desagradables y de mayor riesgo para todo el sistema", ha afirmado el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), el doctor Rafael Matesanz en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.
Hoy miércoles, 26 de marzo, se celebra el Día Nacional del Trasplante, ha lamentando que las mafias puedan pensar que el tráfico de órganos, "una forma de esclavitud del siglo XXI, que existe en países sobre todo desestructurados", puede tener mercado en España.
Pero, afortunadamente, ha destacado, "el sistema ha funcionado", probablemente porque "los filtros son los más amplios en todo el mundo", y se ha conseguido "desbaratar" el primer caso detectado en España de intento de compraventa de órganos.
No obstante, ha admitido que han sido "unos momentos muy complicados", más teniendo en cuenta que el lema de la ONT es 'Tolerancia cero con el tráfico de órganos'. "Nuestro sistema sea basa en el altruismo, si introducimos algo tan sucio y rastrero como es la comercialización todo el sistema se podría venir a bajo", ha afirmado.
Por este motivo, y con el objetivo de "asegurar que todo el proceso llega hasta el final", la ONT ha decidido personarse como acusación particular, una posición que le permite también "asesorar" a los organismo judiciales, que se ven por primera vez ante un caso de tráfico de órganos.
La operación policial, que comenzó en junio del pasado año, se cerró con la retención del receptor en el Aeropuerto de Manises en Valencia el pasado 3 de enero, y del resto de implicados en las dos semanas posteriores. Todos pasaron a disposición policial y, actualmente, se encuentran en libertad con cargos, y les ha retirado el pasaporte por un presunto delito de tráfico de órganos y se enfrentan a penas de hasta 12 años de cárcel según tipifica el Código Penal.
El proceso es llevado por el Juzgado número 3 de Valencia, puesto que investigadores de la UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Valencia son los que han realizado la investigación.
