MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
Oncólogos, portavoces políticos y miembros de la industria farmacéutica han reclamado un "gran pacto" que sirva como hoja de ruta ante el cambio de paradigma de la Oncología Médica, y, concretamente, han incidido en determinar criterios para evaluar y financiar los nuevos medicamentos y terapias, en algunos casos determinantes para la vida de los pacientes.
En estos términos se han referido en el VI Foro ECO, donde además han pedido una cartera de servicios básicos y accesibles en las diecisiete comunidades autónomas que supere las desigualdades territoriales.
Los asistentes han coincidido en que los nuevos medicamentos tienen un alto precio, pero mucha efectividad en grupos determinados de pacientes. Por ello, se necesita una evaluación adecuada del coste que implica el nuevo fármaco y el beneficio que reporta para la población, tal y como ha señalado durante su intervención el doctor Carlos Camps, director de Programas Científicos de la Fundación ECO.
"Se debe establecer nuevos criterios para recoger datos de forma prospectiva y eficiente, que sirvan para autorizar los nuevos medicamentos. Además, necesitamos más investigaciones que desarrollen mayores evidencias científicas de la potencialidad de estos fármacos y más esfuerzos por parte de la Administración, que debería facilitar la introducción de estos medicamentos a un precio reducido poniendo la mirada en los pacientes oncológicos", ha explicado el jefe del servicio del Hospital General de València.
En el mismo sentido, el presidente de la Fundación ECO, Vicente Guillem, ha explicado que "la oncología de precisión, acompañada de los biomarcadores, plantea no solo retos en el terreno científico, sino también en nuestro sistema nacional de salud pública".
Uno de los mayores problemas es la fijación de precios, que introduce serias diferencias no solo en centros, sino en comunidades autónomas. "Estamos en la antesala de un cambio en el valor económico del fármaco ya que hemos abierto la puerta a la inmunoterapia como opción de tratamiento. Aun así, el precio sigue siendo determinante y hace que tengamos seis meses de diferencia en la introducción de un medicamento a otro en función de cada provincia", según Xavier Badia, miembro asociado de la Fundación ECO.
Esta diferencia también se ve agudizada, según Ruth Vera, presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y patrono de ECO, por los distintos criterios y peculiaridades de cada comunidad autónoma e incluso de cada centro que toma la decisión: "Al final, no disponemos de unos criterios únicos para la adopción de un medicamento, que puede salvar muchas vidas, y esto hace que uno de los fármacos que está aprobado por el Ministerio de Sanidad sea revocado por un centro de una provincia de España y que, por tanto, haya una diferencia en el acceso al tratamiento".
Pese a los problemas existentes, Isabel Pineros, consejera técnica de la Subdirección General de Calidad Medicamentos y Productos sanitarios del Ministerio de Sanidad, ha asegurado que España es uno de los primeros países que más rápido aprueba los nuevos fármacos. "Nuestro país no utiliza como referencia el precio del medicamento de otros países; son otros países, como Francia y Portugal, los que establecen el precio de un fármaco fijándose en el nuestro", ha explicado la consejera.
DESIGUALDADES TERRITORIALES EN LOS SERVICIOS SANITARIOS
Por su parte, los portavoces de los principales partidos políticos trataron la sostenibilidad del sistema sanitario y cómo lidiar con los problemas que plantea el despliegue de competencias en materia sanitaria en cada comunidad autónoma. Según ha explicado Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso, existe una brecha de financiación por población asistida de entre 1.000 y 1.600 euros en función de la comunidad que incrementa las desigualdades territoriales.
"Solo hay que fijarse, por ejemplo, en los sistemas de prevención secundaria utilizados en cáncer colorrectal: el hecho de disponer o no disponer de un screening ha sido determinante afectando incluso a la mortalidad por comunidad autónoma", ha aclarado Igea, quien ha reivindicado la importancia de una financiación equitativa y propone un sistema de "información transparente" que permita baremar la supervivencia de cada centro en función de la neoplasia.
Por su parte, Antonio Alarcó, portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Senado, ha cuestionado la sostenibilidad del sistema sanitario actual y ha planteado, como una de las soluciones posibles, la creación de centros de referencia nacional en el tratamiento de neoplasias y otras enfermedades: "La sanidad tiene un coste y es limitado y, por ello, necesitamos propuestas como esta para construir un pacto que garantice una cartera de servicios universal, real y sostenible", ha reivindicado.
Finalmente, José Martínez Olmos, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Senado y uno de los impulsores de la Ponencia de Estudio Sobre Genómica en el Senado, se ha sumado a esta necesidad demandando políticas de corrección de desigualdades, y ha reforzado la idea de establecer una cartera básica y actualizada de servicios a nivel nacional, de acuerdo con los retos que plantea la especialidad hoy en día.
"Requerimos de un plan oncológico estratégico nacional que proponga acciones cohesionadas y conjuntas entre los distintos agentes para abordar los retos que plantea la Oncología como la cronicidad del cáncer y el aumento de su incidencia, el incremento de la esperanza de vida, las desigualdades en acceso al tratamiento o la incorporación de nuevos fármacos y tratamientos". Según ha señalado, hacer frente estas necesidades requiere, según el portavoz, entre 7 y 10 mil millones de euros más.
