MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que solicita que traslade al Gobierno la "impunidad" de la inmensa mayoría de las agresiones verbales, amenazas y coacciones que consagra el Anteproyecto de Código Penal.
A juicio de la organización, la normativa supone un "claro retroceso" en la lucha contra las agresiones, por lo que pide que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se incremente la actividad preventiva con mayor formación a los profesionales
Para ello, el escrito, firmado por el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendin, hace una serie de consideraciones sobre las agresiones y, en concreto, sobre las que se realizan en el ámbito sanitario, desde las físicas a las verbales o cualquier otro comportamiento intimidatorio, realizadas por un paciente, familiar o acompañante contra un profesional médico en el ejercicio de su función y causando un daño físico o psicológico.
Además, se recuerda la labor llevada a cabo por el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC, que surgió ante el creciente incremento de las agresiones a médicos y tuvo su punto de inflexión con el asesinato en 2009 de la doctora María Eugenia Moreno, médico residente en el centro de salud de Moratalla (Murcia).
No obstante, el organismo ha asegurado que gracias a los datos registrados desde entonces en el Observatorio, se ha experimentado un "claro descenso" de este tipo de actos violentos, aunque ha avisado de que siguen existiendo carencias y necesidades, las cuales deben ser cubiertas para una "mayor eficacia" en la lucha contra las agresiones.
Del mismo modo, el escrito de la OMC hace un análisis de la situación actual de las leyes penales, a la hora de enjuiciar las agresiones a médicos, y advierte de que "no existe unificación de criterios" y que el marco normativo está caracterizado por la "fragmentación y el personalismo", provocando criterios "contrapuestos" en un mismo territorio judicial.
"Con el vigente Código Penal no existe un tratamiento jurídico unitario a la hora de abordar las agresiones a médicos y es distinta la tramitación y las consecuencias si el médico trabaja en el sistema público de salud o en un centro privado", señalan los médicos.
Por otra parte, el informe expone que, si los hechos acaecen en el SNS, existe un cierto consenso en los supuestos en los que la agresión es física o ha mediado una resistencia o intimidación grave, pero, tal y como plasma, el problema surge cuando se trata de una agresión verbal y amenaza o coacción leve, donde existen una "fragmentación y personalismo".
También, abunda en la necesidad de que las iniciativas legislativas que confieren al médico de los servicios públicos de salud la condición de autoridad pública, llevadas a cabo en comunidades autónomas como Castilla y León y Aragón, se cristalicen a nivel nacional, tal y como acordó el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) este año y se recoja esta condición de autoridad al personal sanitario en la reforma del Anteproyecto del Código Penal.
"PREOCUPACIÓN Y DECEPCIÓN DEL COLECTIVO"
Por todo ello, la OMC ha expresado la "preocupación y decepción" del colectivo médico ante el nuevo texto del Código Penal por considerar que se puede producir un "enorme retroceso" en la lucha contra las agresiones, al poner en tela de juicio algo que existía consenso en la práctica judicial, como es la consideración del profesional sanitario como sujeto pasivo de los delitos de atentado, resistencia y/o desobediencia grave.
Del mismo modo, cuestiona que las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones de carácter leve pasan a tener una respuesta en la vía administrativa, lo que, a entender de la OMC, va a consagrar la "impunidad de la inmensa mayoría de los agresiones verbales" a los sanitarios.
En este sentido, defiende la protección "integral" del acto médico como uno de los pilares sobre los que descansa el derecho constitucional a la protección de la salud y, como tal, "digno de la misma protección jurídica", independientemente de cuál sea el entorno en el que se realiza el mismo, sea público o privado. Por ello, considera que la aplicación del artículo 550 del nuevo Código Penal genera "desamparo" y "desprotección" de los profesionales del sector privado.
Finalmente, pide que se incremente la actividad preventiva, en especial, la formación del médico en el manejo de situaciones de conflicto y agresividad, así como medidas de apoyo y auxilio para el médico objeto de agresión.
Otras propuestas preventivas son que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acompañen al médico que reclame su auxilio en intervenciones domiciliarias en las que se haya evaluado un riesgo de agresión; que los establecimientos sanitarios cuenten con mecanismos materiales necesarios que permitan al facultativo recabar auxilio y ayuda externos y que las dependencias sanitarias contemplen la posibilidad de huida del médico o sanitario en situación de riesgo.
