El 40% de los reclusos tiene trastornos de salud mental y urge a la Generalitat a asumir las competencias
VALNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRES) -
El II Informe del Observatorio de Salud Mental y Prisión ha constatado "el fracaso" del sistema penitenciario español: inexistencia de psiquiatras, aislamiento de personas con brotes y sobremedicación cotidiana de las personas reclusas.
El coordinador del estudio y director de la Associació mbit, Javier Vilalta, ha presentado este informe junto a las redactoras Carla Mateo, psicóloga y Aurora Fernández, criminóloga, en un acto celebrado en la Facultad de Derecho que ha contado con la ponencia inaugural de Susana Gisbert, fiscal de Violencia de Género y Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Valncia, y el decano, Javier Palao.
El informe, de periodicidad anual, se publicó por primera vez en otoño de 2021 y recoge, por segundo año consecutivo, la situación del derecho a la salud mental en los centros penitenciarios de la Comunitat Valenciana. Además, incluye la situación en los CIES, contemplándolos como "centros de privación de libertad y de no-derecho debido a la ausencia, escasez, suspensión o difícil garantía de los derechos de los internos". Este informe se quiere hacer llegar a la Organización de Naciones Unidas y los responsable de diversidad funcional de la Unión Europea.
En la Comunidad Valenciana existen 6.308 personas presas, de las que el 40% tiene trastornos de salud mental. Del total de la población reclusa, el 90,8% son hombres y el 9,2% son mujeres, por encima del 6-7% de media nacional.
El informe constata una sobremedicación --el 65% de las personas que están en prisión tomen medicación psiquiátrica-- y una carencia de un 70% de facultativos en prisiones en la Comunitat --el único psiquiatra contratado el pasado año fue en la cárcel de Picassent y por un periodo de seis meses--, lo que "vulnera los derechos sanitarios más básicos y causa un daño innecesario en esta población".
PRISIONES COMO PSIQUIÁTRICOS DEL SIGLO XXI
Al respecto, señala que las prisiones "se han convertido en los psiquiátricos del siglo XXI" y es "un fracaso del sistema de salud mental" ya que la gran mayoría de las personas con diagnóstico de salud mental y adicción (patología dual) "cuando no tienen un entorno favorable, acaban en prisión" como conscuencia de "este sistema judicial de 'fast food'". Además, en 2009 se puso en marcha el Programa de Atención Integral al Enfermo Mental en Prisión (PAIEM), pero "lejos de la voluntad del equipo sanitario y de tratamiento, no se cumple ninguno de los objetivos del programa".
Al respecto, la psicóloga y redactora del informe Carla Mateo, ha criticado la inatención a la patología dual: "La mayoría de las personas dentro del programa PAIEM tienen patología dual, pero no hay tratamiento ni para las adicciones ni para la patología dual. La atención está en el edificio de penados y no en preventivos donde están los internos PAIEM" a pesar de que el 40% de las personas con patología dual presentan ideación suicida.
Asimismo, la medicación se prescribe por parte de médicos no psiquiatras por la inexistencia de estos espeicalistas por lo que si existe crisis agudas "se lleva a la persona a aislamiento, una que no es la adecuada porque no es terapéutica, es punitiva".
Además, la criminóloga y redactora del informe, Aurora Fernández, ha denunciado "la sobrepoblación de las prisiones, la vulneración del derecho a las comunicaciones y el alargamiento indebido de las medidas de aislamiento". "La medida de aislamiento no puede exceder de 14 días, por ley, pero la Institución Penitenciaria va poniendo diversas penas cortas que al final superan los 14 días", ha argumentado.
"Se han cerrado los manicomios y se ha llevado a estas personas a las prisiones, mezclándolas con personas que no tienen trastornos de salud mental y estando en un lugar sin los recursos adecuados para su atención", ha concluido.
Respecto a los CIES, el observatorio denuncia que la asistencia sanitaria especializada está en manos de empresas privadas, lo que conlleva "la interrupción de los tratamientos médicos crónicos de patologías mentales o VIH al entrar en un CIE, donde no existen intérpretes para que las personas internas puedan comunicarse debidamente".
ALTERNATIVAS AL SISTEMA ACTUAL
Por contra, reclaman un modelo de salud mental basado en una red de pequeñas residencias y centros donde para tratar a personas inimputables o personas con problemas de salud mental. Por contra lamenta que la "Administración General del Estado hace dejaciones de su funciones en el cuidado de atención mental y las CCAA miran para otro lado y no han solicitado las competencias como están obligadas desde 2004" .
En concreto, urge a la Generalitat a pedir estas competencias --como ha hecho Cataluña, Navarra y País Vasco-- y le avalan tres Proposiciones No de Ley aprobadas en Les Corts Valencianes. Asimismo, señala que el Plan de acción mental "solo hace una mención a los centros penitenciarios pero sin materializar en qué mejorar".
Al respecto, el comisionado de la Presidencia de la Generalitat para la Salud Mental, Rafael Tabares, que ha acudido al acto a conocer el informe, ha constatado, en declaraciones a los medios, que "la situación no solo es preocupante, en algunos casos es dramática".
Por ello, ha destacado que el plan prevé la contratación en 2023 de 26 especialistas en las áreas de salud que tiene centros de internamiento o penitenciarios para poder dar una atención "mucho más digna" y se trabaja asimismo en una mayor coordinación con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para una ampliación del convenio o ese traspaso de competencias.
