MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Anteproyecto de Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), que entró ayer en consulta pública, contempla la preferencia de la gestión directa de carácter público de la sanidad pero "sin perjuicio y sin afectar" a las mutuas de los funcionarios.
Así se recoge en el texto del Anteproyecto, fechado a 15 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, que parte del concepto de que "lo que es de todos es para todos", a través de "fórmulas de gestión directa de carácter público preferente en la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios".
El texto puntualiza, no obstante, que "todo ello, sin perjuicio y sin afectar, como así viene siendo, al régimen de asistencia sanitaria de las personas titulares y sus beneficiarias de los regímenes especiales de la Seguridad Social gestionados por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas".
Así, el documento respeta el actual sistema de mutuas como Muface, que ha sido criticado por Unidas Podemos. La formación 'morada' defiende un "cambio progresivo" en las mutuas "mediante la inclusión de las nuevas incorporaciones de la administración pública directamente al Sistema Nacional de Salud".
Es decir, un desmantelamiento progresivo del actual funcionamiento de las mutuas. "Esto permitiría ir realizando una evolución progresiva, comenzando dicha modificación en las nuevas incorporaciones", defendió el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige la secretaria de Podemos, Ione Belarra, tras la prórroga del convenio de Muface hasta 2024 aprobada en septiembre.
El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha realizado varias iniciativas en este sentido. Por ejemplo, registró una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados que demandaba la progresiva eliminación de este sistema de mutualidades para los funcionarios e integrar esta atención en el SNS.
Sin embargo, el Anteproyecto, liderado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, establece textualmente que "la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas", definiendo claramente el papel de Muface y el resto de mutuas para los funcionarios.
En cualquier caso, y tal como detalló la ministra durante su aprobación en el Consejo de Ministros, para recurrir a estas fórmulas de gestión "habrá de contar obligatoriamente con una memoria que justifique desde el punto de vista sanitario social y económico la necesidad de acudir a ellas".
Ayer comenzó el plazo para realizar trámites de audiencia e información pública con el objeto de recabar la opinión y obtener cuantas aportaciones realicen la ciudadanía, organizaciones y asociaciones afectadas por este proyecto normativo. El periodo para efectuar aportaciones será efectivo desde el 16 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2021 y se podrán hacer a través del buzón informacion.publica@mscbs.es.
A nivel general, la Ley persigue evitar la incorporación de nuevos copagos sanitarios como ya se hizo con los establecidos para los medicamentos, en concreto, en el caso de transporte sanitario no urgente, productos dietoterápicos y ortoprotésicos.
Darias recalcó que esta nueva norma "responde a los compromisos asumidos por el presidente del Gobierno y al Pacto de Gobierno de Progreso". "Y es fruto del trabajo del Ministerio de Sanidad pero, también, de las aportaciones realizadas por los distintos ministerios que conforman el Gobierno", añadió, defendiendo que esta Ley viene a avanzar en la consolidación de "derechos de la ciudanía" y "pretende seguir afianzando el Sistema Nacional de Salud".
