En cumplimiento del llamado derecho de rectificación establecido en la Ley Orgánica 2/1984, a continuación publicamos un escrito remitido por dos letrados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia "La justicia emana del pueblo" (AUSAJ), don Jesús Díaz Formoso, presidente de AUSAJ, y doña Belén Luján Sáez, vicepresidenta, letrados que a su vez representan a un gran número de miembros de la PLAFHC, en relación a las informaciones publicadas sobre la querella formulada ante el Tribunal Supremo contra Ana Mato y otros:
"1.-Nuestra Asociación, AUSAJ, tiene entre sus fines esenciales la defensa jurídica de la efectividad de los Derechos Fundamentales de las Personas Físicas. AUSAJ es absolutamente independiente de cualesquiera opciones políticas
2.-La Querella formulada ante el Tribunal Supremo contra Ana Mato y otros, redactada por los Abogados designados por AUSAJ a tal fin (don Jesús Díaz Formoso y doña Belén Luján Sáez), se presenta en nombre de 38 enfermos, Acusadores Particulares todos ellos, así como en nombre de dos Acusaciones Populares, ejercitadas por dos Personas Físicas.
3.-Ni la PLAFHC, ni su anterior Presidente, Mario Cortés Morales (recientemente expulsado de la PLAFHC por cerca de 100 votos a favor de su expulsión, y ninguno en contra), han sido nunca parte en la Querella presentada ante el Tribunal Supremo contra la exministra de Sanidad, Ana Mato, y otros; ni se han personado en dichas actuaciones. Ningún poder de decisión ostentan, pues, respecto a tales acciones penales.
4.-En nuestros muchos años de ejercicio de la abogacía, nunca habíamos visto algo semejante: se presenta públicamente como querellante a quien nunca lo fue; y se presenta conjuntamente con un supuesto abogado totalmente ajeno a la querella; cuya inadmisión a trámite dicen primero acatar, y al día siguiente afirman que recurrirán.
5.-Ante esta suplantación de identidad procesal, muchos de nuestros clientes, los verdaderos Querellantes, se han dirigido a nosotros al efecto de ejercitar su Derecho de Rectificación en relación a tales noticias. Lo que procedemos a efectuar mediante este escrito, conforme hemos acordado con la Asesoría jurídica de su distinguido medio.
6.-La intervención de la PLAFHC en relación a dicha Querella, así como en relación a otras muchas acciones judiciales -formuladas por los citados Abogados de AUSAJ en nombre de los enfermos Querellantes-ejercitadas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (que suman, por el momento, más de 2.500 folios de escritos, al margen de los documentos adjuntos a ellos), se ciñe a la colaboración con los Querellantes individuales.
7.-La Junta Directiva de la PLAFHC nos hace llegar las siguientes lineas al efecto de su inclusión en la presente rectificación: "Queremos hacer constar, que en la Asamblea de 23 Enero de 2015, la PLAFHC se compromete al pago del coste de la Querella y otras acciones judiciales a los abogadosy procuradores, con el voto a favor de D. MARIO. CORTÉS MORALES. Pese a ello, como quedareflejado en los artículos publicados por este medio, D. MARIO CORTÉS MORALES inicia una campaña de difamación sobre la Tesorera, el Secretario y el Vicepresidente primero de la PLAFHC, acusándolos falsamente de apropiación indebida, y de realizar pagos no autorizados. Insistimos: los pagos realizados se producen por mandato y acuerdo de la Asamblea General de la PLAFHC, y así, consta en el acta de dicha Asamblea: "No hay gastos, la plataforma asume los gastos de abogados y procuradores, vamos a iniciar una campaña que financiará ese gasto". También consta, en palabras textuales de Mario Cortes (recogidas en Acta de 17 de febrero de 2015; por tanto, posteriores a la presentación de la citada Querella) que: "La querella se va ampliando y crece el número de denunciantes pero se ha retrasado porque es complicado reunir todos los documentos necesarios. Así nos aseguramos que el día que la presentemos la presentamos con garantía. Se va a poder unir el que quiera y ampliarla después de incluso presentada. Se hará un crowfunding para financiarla".
8.-Igualmente, en relación a las Acciones Judiciales que la PLAFHC ha aprobado ejercitar contra Mario Cortés y otros, dicha Junta Directiva desea hacer expresa constancia de que "Antes de enumerar los hechos, presuntamente constitutivos de delito, entre ellos, las coacciones, mediante agresiones, amenazas, calumnias, difamaciones, y falsas acusaciones vertidas por D. MARIO CORTES MORALES, así como los delitos denunciados contra los derechos fundamentales de reunión y asociación, los miembros de la 1ª y 2ª Junta Directiva (por ley órgano de representación de la asociación) queremos hacer constar que durante meses nos hemos visto abocados a un acoso permanente y tratamiento intimidatorio y vejatorio por parte de D. MARIO CORTES. Consideramos que dicho actuar ha tenido por objetivo impedir y condicionar el legítimo ejercicio de los derechos de reunión y asociación de sus miembros directivos y/o asociados. Entendemos que este comportamiento no responde solo a un deseo de protagonismo o a una diferencia de puntos de vista, sino que parece responder a una estrategia pensada y calculada para lograr la ruptura de un movimiento asociativo, y en consecuencia lograr su desaparición. Para lograrlo, era necesario por tanto, desacreditar a los miembros de Junta Directiva para cuestionar su legitimidad y con ello provocar el desánimo y la marcha de dichas personas. Los medios utilizados para amedrentar han sido diversos; el incumplimiento de acuerdos de Junta Directiva, la difamación, la denuncia reiterada de hechos falsos y de las más variadas calumnias, la prohibición por la fuerza del acceso y utilización de los medios e instalaciones de la plataforma; las injurias e insultos a través de redes sociales, los mensajes groseros e intimidatorios y lo más grave, las amenazas y las agresiones, no solo verbales, sino también físicas, que se han venido produciendo hacia los miembros de la junta y también, hacia algunos socios y socias que han manifestado su desacuerdo hacia dichos comportamientos y hechos. De todos estos hechos contamos con pruebas documentales y testifícales. Así como dos denuncias interpuestas ante las Fuerzas de Seguridad del Estado por agresiones verbales, físicas y amenazas".
