MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La campaña No es Sano, una iniciativa promovida por entidades y asociaciones como la Organización Médica Colegial (OMC), Médicos del Mundo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) o la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), ha pedido por carta a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, que mejore "con urgencia" la política farmacéutica, a través de la optimización de los sistemas de fijación de precios de los fármacos innovadores que frenen su "crecimiento desorbitado".
A través de una misiva dirigida a la máxima responsable del Ministerio, No es Sano ha mostrado su disposición para "construir propuestas y dar los pasos necesarios para alcanzar dicho objetivo", que pasa por garantizar "el acceso universal a medicamentos asequibles, eficaces y de calidad y la transformación del actual modelo de I+D biomédica".
Así, solicitan tener una reunión con Carcedo para estudiar las "posibles vías de colaboración", ya que consideran que es necesario "mejorar con urgencia la política farmacéutica, poniendo en marcha mecanismos de transparencia y mejores sistemas de fijación de los precios de los medicamentos".
"Medidas justas para frenar el crecimiento desorbitado de los precios de los fármacos innovadores, rendir mejores cuentas a las ciudadanas y ciudadanos sobre el gasto público y contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario sin recortar prestaciones que producen beneficios en salud, particularmente a nivel poblacional", exigen.
Recogiendo las declaraciones de la ministra en su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso del pasado 10 de octubre, desde No es Sano señalan que no podrían "estar más de acuerdo" con ella en subrayar la importancia del momento actual, "donde se tomarán decisiones tan importantes sobre las terapias CAR-T".
Y es que para esta iniciativa, el gasto farmacéutico es "uno de los principales cuellos de botella de las comunidades autónomas". "En la última década, el gasto en fármacos hospitalarios ha crecido de forma significativa, alcanzando en 2017 los 6.448 millones de euros, con un coste de oportunidad muy elevado para el resto del sistema sanitario. Asimismo, parte del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia se derivó a los bolsillos de los pacientes a través de los copagos", lamentan.
