No habrá impuesto a las bebidas azucaradas contra la obesidad

Trinidad Jiménez
EP
Actualizado: miércoles, 7 octubre 2009 15:13

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha señalado que el Gobierno no gravará con un impuesto a las bebidas azucaradas, como han propuesto científicos en Estados Unidos para frenar la epidemia de la obesidad, pero matizó que se seguirá trabajando en el campo de las buenas prácticas y recomendaciones.

Según destacó la ministra, durante el desayuno informativo del Fórum Europa, "la obesidad es un problema grave, está declarado como epidemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en este momento se está trabajando en una Ley de Seguridad Alimentaria, que permitirá plasmar algunas de las recomendaciones, pero aún no se ha pensado en gravar en ningún momento los alimentos o la bebida".

En este sentido, Jiménez subrayó que "aún hay que trabajar en el campo de las buenas prácticas y las recomendaciones, y en el campo de la educación, porque es importante que se trabaje con los niños en la adquisición de hábitos saludables, no sólo en alimentos y bebida, sino también en la práctica de ejercicio físico".

Asimismo, recordó que "es un problema grave en España, que genera un enorme gasto sanitario y farmacéutico", por lo que existe la obligación, como responsables de la salud pública, de dar respuesta a este problema.

"NO EXISTE" TURISMO SANITARIO

Por otro lado, Jiménez aseguró que, desde el punto de vista del Gobierno, "no existe" turismo sanitario. Según precisó, en el ámbito de la UE, en virtud de los llamados "convenios de seguridad social" y los convenios que hay en el marco de los 27 países, existen acuerdos que permiten trasladar a los países de origen de las personas que llegan a España, y que hacen uso de los servicios sanitarios, una cantidad de dinero que compensa por el tratamiento que hayan recibido en España.

En segundo lugar, en referencia a las personas procedentes de otros países, recordó que "existen convenios bilaterales de Seguridad Social que permiten facturar la cuenta y trasladarla a sus respectivos países. Asimismo, señaló que los extranjeros que viven en el país y que están regularizados reciben tratamiento sanitario porque "tienen derecho a ello" y pagan a la Seguridad Social.

En este sentido, matizó que "existe un pequeño porcentaje, contemplado en la Ley de Extranjería, que son personas que llegan a los servicios de urgencia y que, si no tienen recursos, también tienen derecho a recibir atención sanitaria", aunque aseguró que "hay una cobertura jurídica, en virtud de los acuerdos de la seguridad social, que permite la atención a personas que no sean españolas. Y si hay una mínima cobertura sin estar contemplado en un convenio o ley es mínima, y existe una obligación de solidaridad para atender a las personas que se encuentren en una situación de necesidad", subrayó.

LIBRE ELECCIÓN DEL MÉDICO

En cuanto a la libre elección del médico, Jiménez apuntó que en principio en el Sistema Nacional de Salud (SNS) se tomó la decisión de no incluir la libre elección del especialista por la dificultad de gestión que conlleva. Pero matizó que hay que esperar un poco de tiempo para observar en qué especialidades y ámbitos, y de qué manera puede incidir sobre la gestión general de la sanidad.

"Creo que la libre elección del especialista no es una prioridad, porque el sistema garantiza el acceso de todos los pacientes a todos los servicios y prestaciones", afirmó, añadiendo que "quizás las indicaciones de determinados especialistas deben de venir hechas por los propios profesionales, que son quienes están en mejores condiciones de determinar indicaciones al paciente sobre qué profesional ha de atenderlo".

En cuanto a la tarjeta sanitaria, Jiménez señaló que "se está desarrollando en este momento" y aseguró que cuanto finalice el año 2010 el sistema ya estará implantado en todas las comunidades autónomas.

Por otro lado, respecto a la posibilidad de endurecer la Ley Antitabaco, la ministra de Sanidad señaló que, según se ha observado en las evaluaciones económicas de países como Irlanda, Italia o Reino Unido, "no tiene un efecto negativo en el sector de la hostelería porque todos los establecimientos están en condiciones de igualdad".