MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), reunido este jueves, ha aprobado que los 345.000 funcionarios adscritos a las tres mutualidades de la Aministración General del Estado (MUFACE, MUGEJU e ISFAS) serán integrados en los sistemas de información de receta electrónica autonómicos.
La decisión, según resalta el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en un comunicado, supone "un paso trascendental" en el proyecto de receta electrónica impulsado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), cuyo objetivo es su total implantación, tanto en el ámbito público como en el privado, a lo largo de 2019 y 2020.
Con esta medida, los mutualistas de las citadas tres entidades quedan equiparados con el resto de beneficiarios de la sanidad pública en cada comunidad, y supone la eliminación de los talonarios de papel. "Supondrá la mejora de la calidad asistencial y la agilización del tiempo en consulta. También reducirá de forma significativa los desplazamientos al centro de salud, especialmente en los casos de tratamientos crónicos", destaca el Ministerio.
En la actualidad, más de medio millón de personas del colectivo MUFACE prestan servicio en las comunidades autónomas, o lo han prestado, en el caso de los jubilados. Para la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el acuerdo, además de suponer un "considerable ahorro en la gestión de los talonarios", permitirá realizar "un control más riguroso sobre las desviaciones del consumo e incrementará la seguridad clínica, favoreciendo la prescripción por principio activo".
La implantación de la receta electrónica interoperable, que sustituye al formato tradicional de papel, ya ha supuesto para las comunidades autónomas un ahorro de 253 millones de euros, de acuerdo con las cifras aportadas por Función Pública. "Con la ampliación de su utilización al colectivo de funcionarios, que eligen la sanidad pública, ese ahorro se verá incrementado, lo que favorecerá la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud", aseguran.
Mutualidades y comunidades autónomas disponen ahora de un plazo de seis semanas para constituir los grupos de trabajo que deberán concretar las condiciones de aplicación del acuerdo. Una vez consensuadas y definidas las acciones a desarrollar, las mutualidades suscribirán con cada comunidad autónoma y el INGESA, en caso de Ceuta y Melilla, el convenio de colaboración que formalice la extensión efectiva del sistema público de receta electrónica a los mutualistas.
