MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El director general de Muface, Gustavo Blanco, se ha comprometido a atender las quejas de funcionarios en relación a la interrupción y la demora de la atención sanitaria que tramite la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), según ha informado el sindicato, que achaca esta demora a los recortes económicos de la mutua.
En el marco de la reunión del Consejo General de esta entidad, los responsables de Muface negaron que exista una situación de desprotección, tal y como viene denunciando de manera sistemática nuestro sindicato, pero admite la evidencia de las quejas individuales y aseguró que serán atendidas para subsanar la situación.
Además, aseguró que penalizará a aquellas aseguradoras si incumplen con el concierto pactado y no garantizan el acceso a los medios asistenciales, o si vulneran el principio de continuidad asistencial para pacientes en tratamiento por patologías graves al obligarles a cambiar de centro sanitario.
Desde comienzos de año, CSIF ha denunciado que los recortes en las mutuas han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros, como consecuencia de la reducción de la oferta hospitalaria y de los cuadros médicos.
En este sentido, critican que la burocracia y el silencio administrativo está generando una situación de indefensión sobre un colectivo "especialmente vulnerable", con pacientes "obligados a iniciar un 'peregrinaje' burocrático en diferentes centros, sin que la Administración les haya facilitado directamente un trámite de urgencia para facilitar la alternativa asistencial".
Y en aquellos casos en los que el paciente ha conseguido mantener su médico especialista habitual (oncólogo, cardiólogo), tiene que desplazarse a otros centros para seguir recibiendo el tratamiento, pruebas diagnósticas e incluso las urgencias.
Además, el sindicato ha criticado que los mutualistas han tenido constancia de su situación cuando el plazo para cambiarse al Régimen General de la Seguridad Social, que concluye el 31 de enero, ya había expirado.
Para denunciar esta situación CSI-F también ha iniciado una campaña de sensibilización a través de las redes sociales, así como una recogida de firmas, a través de la plataforma Change.org, que cuenta con más de 131.000 muestras de apoyo para que el Gobierno mantenga la asistencia a este colectivo. Asimismo, la Defensora del Pueblo adjunta también se ha ofrecido actuar de urgencia.
