MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de personas adscritas a la mutualidad de funcionarios del Estado (Muface) se sitúa en 1.498.098, tanto titulares como beneficiarios, y baja de los 1,5 millones por primera vez desde 1988, según los datos correspondientes a la Memoria de 2015 facilitados a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el último Consejo General de la entidad.
Estos datos son fruto de la evolución a la baja que se viene produciendo desde 2002 (cuando se registró la cifra máxima de titulares y beneficiarios, con un total de 1.615.901) y se debe fundamentalmente al progresivo envejecimiento de las personas adscritas y la congelación de las ofertas públicas de empleo, como denuncia el sindicato.
Además, desde ese año recuerdan que también se ha producido un cambio en la distribución entre el colectivo de titulares (funcionarios) y los beneficiarios de la póliza (pareja e hijos). Así, mientras hace dos décadas el número de beneficiarios superaba a los titulares (872.944 frente a 740.638), en la actualidad la situación es a la inversa (956.401 titulares, frente a 541.697 beneficiarios).
Esto se debe a que, también como consecuencia del envejecimiento de la población, el número de mutualistas jubilados asciende a 236.372, casi una tercera parte de los titulares, y ya no suelen tener tiene hijos a su cargo.
Por otra parte, los datos facilitados por CSIF muestran como a cierre de ejercicio el remanente de tesorería (el fondo de reserva de la entidad) se situó en 5,41 millones de euros, como resultado de la suma de los fondos líquidos (88,36 millones) y los derechos pendientes de cobro (0,56 millones), menos las obligaciones pendientes de pago (83,26 millones) y los saldos de dudoso cobro (0,25).
El remanente de tesorería se encontraba en 2014 en los 29,72 millones de euros, por lo que se ha producido un descenso de más de 24,31 millones respecto al ejercicio anterior y de más de 1.000 millones de euros si se compara con 2009, cuando empezó a decrecer este fondo de reserva.
Ante esta situación, CSIF reclama a las diferentes fuerzas políticas un acuerdo que garantice la viabilidad del sistema a medio plazo y reclama la recuperación de las prestaciones sociales recortadas durante los años de crisis. "Atendiendo a las previsiones económicas, ya no habría razones para mantener estos recortes y constituyen un derecho de los funcionarios", asegura el sindicato.
