MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -
La Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) piden al Gobierno que cualquier intervención sanitaria que se convierta en un derecho para el paciente con la futura ley de muerte digna, como la sedación o la analgesia, deben estar "sujetas a unas indicaciones, procedimientos y criterios éticos perfectamente definidos".
Así lo aseguran tras conocer el primer informe del Gobierno sobre el anteproyecto de la ley reguladora de los derechos de la persona en el proceso final de la vida, que ha sido analizado por la Comisión Central de Deontología de ambas entidades.
En concreto, reclaman que "toda intervención sanitaria que se convierta en un derecho para el paciente debe ser inexcusablemente efectuadas dentro de la 'lex artis'".
Asimismo, y a la espera de conocer el articulado completo del anteproyecto de ley, OMC y SECPAL valoran positivamente el debate público, social y parlamentario sobre un tema de enorme relevancia sanitaria y social, y el esfuerzo de la administración por añadir derechos y prestaciones al final de la vida.
"La futura Ley será útil y pertinente en función de los nuevos derechos y prestaciones que pueda proporcionar a los ciudadanos españoles, que no estén regulados anteriormente", explican ambas entidades.
Para ello, no obstante, piden que la equidad y la accesibilidad a los cuidados paliativos sea independiente del sexo, edad, creencia religiosa, condición social, raza o patología principal, de modo que cualquier medida contemplada en la ley "sólo será justa si llega a todos los españoles".
La OMC y SECPAL consideran "imprescindible" la formación y la capacitación de los profesionales, para lo que reclaman la programación de asignaturas obligatorias en el pregrado de médicos, enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos, y la puesta en marcha de un Área de Capacitación Específica.
Asimismo, y según los postulados de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a las medidas educativas y organizativas hay que añadir las que facilitan el tratamiento analgésico, para lo que insisten en la supresión de la receta especial de estupefacientes, que supone una importante barrera a la prescripción opioide.
Pese a estas propuestas, ambas entidades "comprenden" que, en este momento de crisis económica, algunas de las mismas se desarrolle progresivamente en distintas fases bien definidas.
"No obstante, la mayoría de ellas dependen más de la buena voluntad y el sentido común que de ninguna partida presupuestaria adicional", concluyen.
