MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, despedirá 2017 con la satisfacción de haber unido de nuevo a médicos y enfermeros, tras los desencuentros que generó la llamada 'prescripción' enfermera de medicamentos, y ampliar el plan de la hepatitis C, entre otros logros. Sin embargo, le quedará la espina clavada de no haber conseguido que Barcelona sea sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).
Además, entre sus retos para 2018 está resolver con las comunidades autónomas los problemas de financiación y la falta de profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), así como darle forma a una futura ley contra el consumo de alcohol en menores.
Tras tomar posesión de su cargo en noviembre de 2016, la ministra arrancó 2017 con polémica después de que en sus primeras intervenciones abriera la puerta a una modificación del copago de medicamentos en función de la renta, impulsado por el Gobierno del PP en 2012 y que, entre otras cuestiones, hacía que los pensionistas tuvieran que pagar por sus medicinas cuando hasta entonces las retiraban gratis de las farmacias.
ARRANCÓ EL AÑO CON LA POLÉMICA DEL COPAGO
Su propuesta de "revisión", sin aclarar si sería al alza o a la baja, fue criticada por todos los estamentos del ámbito político y sanitario y el propio presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, zanjó la polémica aclarando que no iba a cambiar el sistema durante toda la legislatura.
Superado ese problema, la ministra ha centrado gran parte de su actividad en materia sanitaria en el diálogo y la búsqueda de acuerdos, tanto con las comunidades autónomas como con los profesionales y el resto de agentes del sector.
Fruto de ello, en octubre logró que médicos y enfermeros acordaran modificar la normativa que regula la llamada 'prescripción' enfermera de medicamentos impulsada por su antecesor en el cargo, Alfonso Alonso, en 2015, que desde entonces mantenía enfrentadas a los representantes colegiales de ambas profesiones.
El acuerdo conllevaría la modificación del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, que regula esta materia y permitirá a los enfermeros dispensar determinados medicamentos sujetos a prescripción médica en base a protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, que serán acordados en una Comisión que se pondrá en marcha para tal efecto.
De hecho, fruto de este acuerdo, y a falta de la modificación normativa, en la temporada de gripe 2017-2018 la vacuna se puede administrar sin necesidad de prescripción previa del médico.
DOS PLENOS DEL CISNS, PLAGADOS DE ACUERDOS
En el ámbito político, Montserrat tardó en convocar su primer pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) pero cuando lo hizo en junio (a lo largo del año ha celebrado dos, el segundo en noviembre) consiguió otro de sus logros de este año: extender el Plan Nacional de la Hepatitis C hasta 2020.
El objetivo de este acuerdo con las comunidades autónomas era tratar a todos los pacientes con los nuevos fármacos de última generación, que de momento solo se habían utilizado para los casos de más gravedad. De hecho, hasta ahora se han tratado casi 90.000 pacientes.
El avance, no obstante, encontró las críticas de algunos consejeros autonómicos que reclamaban un plan de financiación específico. Asimismo, los hepatólogos reclaman que el plan impulse también el diagnóstico para "aflorar" a los alrededor de 100.000 afectados con el virus que está aún sin diagnosticar en España.
En esa reunión la ministra también acordó con las comunidades autónomas impulsar la primera Estrategia Nacional de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y la creación de dos comités para elaborar un registro nacional de afectados por la talidomida y abrir la puerta a posibles compensaciones económicas.
Además, a lo largo de este año Montserrat también ha conseguido suscribir un pacto con la plataforma de organizaciones de pacientes, para darles protagonismo en la toma de decisiones dentro del SNS; y en mayo impulsó el nombramiento de Beatriz Domínguez-Gil como nueva directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en sustitución de Rafael Matesanz, que dejó el cargo tras más de 28 años.
EL SUEÑO FRUSTRADO DE LA EMA
Pero junto a estos logros, la mayor decepción de la ministra en el ámbito sanitario ha sido no haber conseguido que Barcelona sustituya a Londres como sede de la EMA, un objetivo para el que ha trabajado gran parte del año junto con representantes de Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona.
La ciudad condal cayó en primera ronda de una votación que finalmente llevó la sede de este organismo europeo a Amsterdam (Países Bajos), y Montserrat lo atribuyó al "último daño" hecho por el independentismo "a Cataluña y al resto de España".
"Barcelona era la mejor candidatura bajo criterios objetivos y técnicos", argumentaban desde su departamento, que durante las semanas previas a la votación también denunció que otras candidaturas trataron de desacreditar a Barcelona difundiendo informaciones falsas a los medios de comunicación.
RETOS PARA 2018
Pasado este 'mal trago', la ministra tiene diferentes retos para el próximo año, como la adopción de medidas para paliar la escasez de médicos que afecta a muchas especialidades, sobre todo de Atención Primaria y Pediatría.
De hecho, en principio tiene previsto convocar una nueva reunión del CISNS para el mes de enero donde se definan algunas de las medidas ya acordadas, como un cambio normativo para que las comunidades autónomas puedan ofrecer incentivos a los médicos para cubrir plazas en zonas rurales o alejadas que son más difíciles de cubrir.
Algunos consejeros autonómicos han planteado la necesidad de acelerar la acreditación de plazas MIR o la homologación de los títulos procedentes de médicos extracomunitarios, o retrasar las jubilaciones en aquellas especialidades que planteen más dificultades.
Además, en el primer semestre de 2018 estará ya en marcha el primer Registro de Estatal de Profesionales Sanitarios, que permitirá "planificar mejor" las necesidades de profesionales a medio plazo.
De igual modo, a lo largo del año su departamento deberá definir el texto de la futura ley contra el consumo de alcohol en menores a partir de las recomendaciones que plantee la Comisión Mixta Congreso-Senado constituida a tal efecto.
Porque, siguiendo la línea del consenso que ha practicado Montserrat a lo largo de 2017, su objetivo es la implicación de todos los partidos y sectores implicados "para promover un cambio cultural en el consumo de alcohol".
