MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, el diputado popular Mario Mingo, ha admitido que la reforma acordada este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sanidad, encaminada a implantar el copago de medicamentosm supone un "esfuerzo" para los pensionistas.
En una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, ha explicado que "es verdad que se les pide un esfuerzo a las personas jubiladas que antes no pagaban nada", sin embargo, "según los expertos, el copago de medicamentos es el sistema más equitativo para los ciudadanos".
En cuanto a las críticas contra la reforma del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, entiende que muestran la "imagen torticera" del líder socialista.
Volviendo a los acuerdos anunciados por Mato, ha afirmado que el objetivo es "garantizar" el Sistema Nacional de Salud (SNS), de modo que siga siendo "gratuito y universal", y, para ello, el siguiente paso es "garantizar por ley una cartera de servicios común para todos los españoles".
"Tenemos que hacer las cosas mejor, con menos dinero; y muchas de las medidas que ayer aprobaron las CCAA con las ministra van encaminadas en esa dirección", ha añadido. Y, en este sentido, ha recordado que llevamos "ocho años de retraso con tres herramientas fundamentales, como son la tarjeta sanitaria, la receta digital y el historial médico. Hoy seguimos sin tener esas tres herramientas, pero vamos a ver si podemos ponerlas en marcha inmediatamente".
Por otra parte, ha afirmado que la descentralización sanitaria es "más eficaz" y no tiene porque ser "más costosa", siempre que "se utilicen las herramientas adecuadas" y sea "validado el criterio coste-eficacia". "Eso sí, debemos ser razonables y tener criterios de cohesión interterritorial, con lo que debe haber un fondo nacional que lo garantice. La ministra propuso ayer la ampliación de ese fondo", ha puntualizado.
En cuanto a los gastos sanitarios ocasionados por turistas, el presidente de la Comisión de Sanidad admitió que suponen "unos mil millones de euros". "No se implantó adecuadamente por el gobierno socialista una normativa comunitaria, lo que nos ha impedido reclamar a los países de origen el coste que ha supuesto para las comunidades autónomas, que tienen todo el derecho a que se les revierta este coste".
