MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario General de UGT, Cándido Méndez, denunció hoy en rueda de prensa que las nuevas fórmulas de conciertos entre algunas comunidades autónomas y gestores privados han producido una "ruptura" del sistema sanitario público español, por lo que defendió un sistema de gestión pública y directa.
Así, mostró su procuración por la proliferación de estos sistemas que "incorporan criterios de mercado dentro de un bien social como es el derecho a la sanidad". Asimismo, teme las posibles acciones que conlleva la alteración del actual marco jurídico, y recuerda que el sistema actual debe seguir siendo, por el bien de la población, "un sistema eficaz y barato".
Por otra parte, afirmó que todos los problemas actuales parten del actual sistema de financiación autonómica que "está comprobado que no funciona", ya que "son las CCAA las que marcan de acuerdo con sus prioridades presupuestarias el montante del gasto que se destina a sanidad".
Así, señaló que en los últimos años se ha demostrado que, en general, las comunidades autónomas destinan un presupuesto insuficiente para la sanidad, en parte, porque "hay un desfase entre el aumento de la población y la inversión".
Por su parte, el portavoz de la federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez-Bayle, que presentó un manifiesto conjunto con UGT en defensa de la sanidad pública, destacó el "insuficiente" presupuesto que el Estado dedica a la Sanidad y, ante esta situación, demandó un mayor esfuerzo para asegurar una asistencia sanitaria a toda la población.
Asimismo, lamentó que haya comunidades que "no asuman sus responsabilidades" a la hora de repartir eficientemente el dinero que el Estado les transfiere, así como la "deriva privatizadora" de algunas comunidades. "En algunas comunidades autónomas se esta privatizando en detrimento del sistema público", añadió.
A este respecto, el secretario general de la federación de Servicios Públicos (FSP), Julio Lacuerda, indicó que "la privatización de un servicio público significa por parte de la Administración una renuncia a ese servicio". Esto, a su juicio, "es un atentado directo al sistema sanitario español", y "un intento de los neoliberales encabezados por políticos que viven de esto a pegarle a un bocado a un pastel que es dinero de los contribuyentes y del que depende la salud de los españoles".
FONDO DE COHESIÓN SANITARIO
Ante esta situación, y consciente de que no se puede volver a una sistema de financiación de transferencia finalista, Méndez señaló la necesidad de controlar la dotación dedicada al Fondo de Cohesión del Sistema del Salud que, por otra parte, deberá incrementarse y consolidarse progresivamente mediante los Presupuestos General del Estado, para "asegurar la igualdad, la cohesión y la equidad del SNS".
En consecuencia, deberá desarrollarse un órgano dependiente del Gobierno que disponga de los mecanismos necesarios de inspección de modo que se tenga la garantida de que dicho fondo sirve para programas específicos que ayudan a corregir las desigualdades entre comunidades.
Para Sánchez- Bayle el sistema propuesto por Méndez sería el más adecuado, ya que "cada comunidad autónoma que reciba los fondos tenga que justificar que ese fondo ha sido únicamente a sanidad".
FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS
Por otra parte, Méndez destacó la importancia de llevar a cabo una Mesa Sectorial Estatal para debatir materia propias del sistema sanitario, así como una mesa especifica en la que abordar un "plan de choque" para la formación de especialistas y una mejor planificación de los recursos humanos.
Para ello, se necesario que el SNS esté dotado de instrumentos de participación social a todos los niveles, según el modelo establecido en la Ley de Cohesión y calidad del SNS y originado en la Seguridad Social, de modo que se posibilite la participación y representación, tanto de los interlocutores sociales, como de otros agentes que representan también los intereses de los ciudadanos.
En cuanto a una posible eliminación de las mutualidades de funcionarios autonómicos, Méndez recordó que se trata de un "derecho adquirido" de unos trabajadores desde hace 28 años que, en su día, renunciaron a parte de su salario para optar a una sanidad complementaria. Por tanto, señaló que "no se puede considerar como un privilegio lo que e su día se adquirió mediante una renuncia a su sueldo", no obstante, en caso tener que eliminar dichos derechos, se debería de "abrirse moratoria para que se pueda encajar por los trabajadores".
