MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha pedido la creación de un Plan Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, en la que participen los ministerios de Sanidad, Interior, Justicia, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía General del Estado, Federación Española de Municipios y Provincias, CCAA, consejos generales de las profesiones sanitarias y plataformas de asociaciones de pacientes.
"El ejercicio de las profesiones sanitarias tiene un fuerte componente de servicio. Por ello, la irrupción de la violencia en el escenario sanitario, en cualquiera de sus manifestaciones, agresiones físicas, insultos y amenazas, son una lacra de indudable repercusión social que afecta a la actividad sanitaria, a la relación de confianza entre el sanitario y el paciente, a la salud del personal agredido y a la calidad asistencial que reciben los propios pacientes", proclaman en un manifiesto lanzado con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Sanitarios, que se conmemora este jueves 12 de marzo.
Los médicos denuncian que estas agresiones generan "un escenario de desconfianza, exigencia desmedida y agresividad", que a su juicio "tiene consencuencias perjudiciales para ciudadanos y profesionales". "El sufrimiento y el dolor favorecen las situaciones de conflicto en la comunicación, pero también el estrés profesional, la falta de recursos y la sobrecarga asistencial merman la capacidad del profesional para afrontar este tipo de situaciones", achacan.
Aunque reconocen que se "va avanzando en la mejora del seguimiento y tratamiento de estas situaciones", reclaman reforzar las medidas preventivas, continuar con las campañas de concienciación a la sociedad sobre las agresiones a sanitarios y sus consecuencias, desarrollar programas formativos específicos para afrontar estas situaciones o promover campañas sanitarias de respeto a los profesionales y cuidado y utilización responsable de los servicios sanitarios.
Junto a esto, instan a incrementar las medidas de seguridad en los centros tanto públicos como privados, conseguir la misma consideración jurídica para el delito de las agresiones, lograr la unificación de los criterios empleados en las sentencias judiciales y que los procedimientos judiciales sean "rápidos, expeditivos y ejemplarizantes"; y, por último, potenciar los acuerdos y la comunicación con las Administraciones sanitarias, las Fiscalías y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para el abordaje integral de las agresiones.
