MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -
La ONG Médicos del Mundo ha asegurado este viernes que ya hay jueces que están dando la razón a inmigrantes que, a pesar de que tienen derecho a recibir asistencia sanitaria, no la están recibiendo por interpretaciones "incorrectas" del Real Decreto 16/2012 de determinados organismos como, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Es el caso del Juzgado de lo Social número 6 de Madrid que acaba de emitir una sentencia a favor de Victor Julio Walteros Ruiz, un hombre colombiano de 80 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que vino a España por reagrupación familiar y cuya hija, Anni Walteros, está desde hace años en situación regular.
Según ha explicado la hija, antes de poder traerle a España solicitó información en su centro de salud, donde le mandaron al hospital y en el que le remitieron a una delegación de la Seguridad Social. Allí, tal y como ha narrado, le informaron de que su padre no tenía derecho a la asistencia sanitaria y le dieron un teléfono de información de la Comunidad de Madrid.
Cuando logró contactar con ellos, le dijeron que la única solución sería obtener un seguro privado el cual, por la enfermedad y edad de su padre resultaba "inviable". Posteriormente, acudió a la Dirección General de Atención al Paciente donde le volvieron a decir que no había "nada que hacer".
Tras contactar con varias ONG y debido a la reiterada negativa por parte de la Administración de atender a su padre, acudió a Médicos del Mundo, quienes le facilitaron oxígeno domiciliario en España para su padre y consiguieron que le abrieran una historia provisional en el centro de salud y que fuera valorado por un neumólogo del hospital. Además, lograron el oxígeno portátil para que Victor Julio Walteros Ruiz se pudiese desplazar.
Sin embargo, las "restricciones" que impone el Real Decreto, aprobado con la exministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, seguían limitando el acceso a la medicación prescrita, por lo que, con la asesoría y acompañamientos de Médicos del Mundo, interpusieron una demanda por tutela de Derechos Fundamentales para que se le reconociera la asistencia sanitaria y que, finalmente, fue rechazada.
También, formularon una solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria ante el Instituto Nacional de Seguridad Social que, primero no fue contestada y, posteriormente, se la negaron a pesar de que legalmente tenía reconocida la residencia temporal y, por ende, la asistencia sanitaria.
Finalmente, el Juzgado de lo Social número 6 de Madrid ha emitido una sentencia a favor de la familia, reconociendo el derecho de Victor Julio Walteros Ruiz a recibir asistencia sanitaria en España mientras esté en vigor su autorización de residencia.
"ES UN CASO MÁS"
"Ha sido un viacrucis porque hemos tenido que tocar a muchas puertas y acudir a mucha gente recibiendo respuestas negativas. Por ello, estamos hoy felices porque hemos logrado, con la ayuda de Médicos del Mundo, ganar una batalla a una situación que era inhumana", ha aseverado Anni Walteros.
Y es que, según ha informado el abogado y voluntario de la ONG que ha llevado el caso, Gorka Velle, esta situación está ocurriendo en "muchas ocasiones" y ya han habido juzgados que han emitido sentencias similares como, por ejemplo, en Castilla y León o en Cantabria.
Sin embargo, Velle ha avisado de que no todos los afectados denuncian por "miedo", dado que se han dado casos de que se ha solicitado la tarjeta sanitaria al Instituto Nacional de la Seguridad Social y este, antes de dar una respuesta, ha pedido a la Delegación del Gobierno que revise si la solicitud de residencia estaba o no en regla.
"Esto hace que este colectivo, aunque tengan derecho, tenga miedo. De hecho, no todos los jueces y juzgados están al día con el Real Decreto, lo que es también un éxito de la medida porque ha conseguido que haya una gran desinformación. Estamos ante una situación nueva, pero los jueces ya están aprendiendo y ya se empieza a vislumbrar el principio del fin del Real Decreto", ha aseverado el abogado.
Ahora, hay un periodo de cinco días en los que la Comunidad de Madrid puede interponer un recurso a la sentencia, aunque, según ha asegurado Velle, todavía no han recibido "nada". "No podemos bajar la guardia porque la Administración tendrá sus formas de autoimponerse con nuevas conductas. El caso de Walteros es uno más", ha zanjado.
