MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que representa a cerca de 20.000 médicos de Atención Primaria, ha pedido protocolos, medios de protección y formación que les garanticen unas condiciones de trabajo "seguras" para atender posibles casos de ébola.
Según han recordado en un comunicado, estos profesionales están "en primera línea" y son "la puerta de entrada" al sistema sanitario, por lo que "es previsible que pacientes con el virus acudan a un centro de salud cuando noten algún síntoma", como de hecho sucedió con Teresa Romero, la auxiliar de Enfermería infectada.
Por ello, piden formación y han manifestado su disposición a participar y colaborar "aportando todos sus conocimientos y recursos", al tiempo que han criticado que en el Consejo Científico constituido por el Gobierno para gestionar la crisis del ébola no haya ningún médico de familia.
Por otro lado, la semFYC ha exigido "calma y transparencia" en la información que se está facilitando a la población sobre el virus bola. y que se haga un "exhaustivo" análisis de los errores que se provocaron la infección "con el fin de detectarlos y corregirlos".
Para ello, han insistido, es necesario "cambiar el punto de interés y pasar de la búsqueda de culpables a gestionar mejor los riesgos". "La intención de esta sociedad científica no es buscar a quién echar la culpa sino evitar nuevos daños aprendiendo de los errores para gestionar mejor los riesgos", ha defendido.
La semFYC cree que las autoridades no pueden "escudarse sin más" en que se ha cumplido el protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando, a su juicio, "el protocolo o su aplicación o ambos han fallado".
Una situación que para esta sociedad científica ha sembrado la "desconfianza en la población hacia las autoridades sanitarias y está provocando mucha inquietud, que es el peor escenario posible para la gestión de una epidemia".
Además, han aprovechado para pedir de nuevo la universalidad de la asistencia sanitaria modificando las políticas de exclusión del sistema sanitario del Gobierno actual (RD 16/2012) ya que, "sin ninguna duda, afectan más que cualquier infección, a la salud y a la vida de muchos cientos de miles de personas en España".
