MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) avisa de que tras la reforma sanitaria del Ministerio de Sanidad que dejó a los inmigrantes en situación irregular sin derecho a la tarjeta sanitaria se ha redirigido a este colectivo a las Urgencias hospitalarias a pesar de que, según han denunciado, resulta "más caro y menos coste-efectivo" que hacerlo desde los centros de salud.
"La mayoría de sus problemas de salud se podrían resolver en las consultas a demanda, permitiendo, además, garantizar tanto la continuidad asistencial como una atención integral", ha defendido la vicepresidenta de esta sociedad científica y miembro del Grupo de Atención al Inmigrante, María Fernández, con motivo del congreso anual que se celebra estos días en Gran Canaria.
La médico de familia ha recordado que ya está demostrado que disminuir la accesibilidad a los servicios de Atención Primaria incrementa los costes derivados de diagnósticos más tardíos o tratamientos de enfermedades más avanzadas.
"Si se niega ese acceso a colectivos vulnerables los costes se incrementan porque también dejar de recibir actividades preventivas que son las más coste-eficientes en el ámbito sanitario", ha explicado.
Pese a todo, los inmigrantes siguen acudiendo a los centros de salud, "sobre todo por problemas graves", pero al no figurar en los cupos de los médicos de familia no son tenidos en cuenta a la hora de asignar recursos. "Tenemos serios problemas a la hora de solicitar pruebas diagnósticas o administrar tratamientos", ha lamentado.
Ante estas dificultades, Fernández ha insistido en que seguirán denunciando la "desatención" a estos inmigrantes "por razones éticas y de salud pública", y ha defendido que "no ser tratados a tiempo y adecuadamente dificulta su control y aumenta la mortalidad".
"Vivimos en una sociedad donde la salud de mi vecino influye en la mía, y con medidas como ésta corremos el riesgo de ser una sociedad más enferma", ha apuntado.
Por su parte, el presidente de la semFYC, Josep Basora, ha recordado que hay cuestiones humanitarias y de solidaridad que les impiden estar de acuerdo con esta medida, ya que "es contraria a la lealtad que el médico debe tener a su paciente y que siempre debe prevalecer".
"Nos pone en una tesitura complicada porque no podemos dejar de atender a quien ha sido nuestro paciente. Si seguimos la ley, estaríamos vulnerando el código deontológico médico. Las normas internacionales establecen el valor de la continuidad de nuestra labor asistencial", ha asegurado.
