MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y el Consejo General de Enfermeria han acordado este martes crear un Gabinete conjunto de Crisis para analizar el contenido y el alcance de la integración del personal funcionario --médicos, practicantes y matronas titulares de los servicios sanitarios locales-- al servicio de instituciones sanitarias públicas, establecido por el Gobierno en el Real-Decreto sobre medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Los representantes de ambas instituciones consideran que esta nueva regulación introduce una "grave inseguridad jurídica y causa indefensión a los afectados", además de que considera que en ella se prescinde del "respeto" a los derechos que estos profesionales que ostentan actuales puestos de trabajo.
Asimismo han manifestado sus dudas sobre el hecho de tener que decidir su integración antes del 31 de diciembre de 2012, y el futuro de aquellos que, en caso de no integrarse, terminen adscritos a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, conforme determina la nueva disposición.
"Podrían verse conculcados, especialmente, si optan por la no integración, sobre todo en lo referente a su antigüedad y su jubilación, sin contar con el hecho de que estos profesionales dejarían de desempeñar funciones asistenciales al pasar a órganos administrativos cuya naturaleza y denominación la disposición no aclara", explican.
El gabinete contará con el apoyo de las asesorías jurídicas de ambas instituciones, ya que se ha percibido la posibilidad de que algunos aspectos de esta norma puedan dar lugar a conflictos de competencias que planteen las comunidades autónomas.
El gabinete estará integrado por el Secretario General y el Representante Nacional de Médicos de Administraciones Públicas, de la Organización Médica Colegial Serafín Romero Agüit y Antonio Fernández-Pro Ledesma; y, por parte, de la Organización Colegial de Enfermería, su Vicepresidente 2º, su Secretario General y su Vicetesorero, Florentino Pérez Raya, José Vicente González Cabanes y Sergio Quintairos Domínguez, respectivamente.
Por el momento, en esta reunión se ha evidenciado también que no concurren en este caso concreto las circunstancias de urgente necesidad que la Constitución exige para el empleo de la técnica del Decreto-Ley, dado que va a ser imprescindible otra norma que aclare la situación en la que quedarán los profesionales que decidan no integrarse.
Este plan de actuación se completa con la realización de una Jornada de análisis y valoración de los efectos de esta Disposición, que se celebrará en la sede de la OMC este viernes.
