MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) critica que el protocolo de colaboración firmado por esta semana por los ministerios de Sanidad y Hacienda con la patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria, ya que "hipoteca" la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El acuerdo garantiza que el gasto público en medicamentos no genéricos crece al mismo ritmo del Producto Interior Bruto (PIB) y establece compensaciones e incentivos entre ambos, aún por definir, en caso de que no se cumpla tal vinculación.
En un comunicado, los máximos dirigentes médicos critican que el protocolo es "de muy difícil comprensión" y "está lleno de indefiniciones e imprecisiones", al tiempo que defienden que "hará más complejo aún" el cumplimiento de los objetivos de estabilidad fiscal fijados por el Gobierno, que establecen la previsión de bajar el porcentaje de PIB dedicado a Sanidad pública al 5,6 por ciento en 2016 año y al 5,3 por ciento para 2018.
Además, critican que no se ha tenido en cuenta que la gestión de los servicios sanitarios públicos es competencia de las comunidades, para quienes "asumir mayores cargas posibles sobre su menguante presupuesto agrava su solvencia económica y con ello el ejercicio de su autonomía".
De hecho, los médicos temen que ante este acuerdo "la única posibilidad" de aproximarse a tales compromisos pase por "la reducción de plantillas y salarios, y por aumentar la extraordinaria precariedad laboral e inestabilidad de buena parte del personal sanitario y, en consecuencia, aumentar las listas de espera y bajar la calidad asistencial".
"Con este Protocolo todas esas variables pueden verse afectadas aún más negativa e insolidariamente", denuncian los médicos, que también critican que la firma se produjera el mismo día en que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertaba de que el alto precio de los nuevos medicamentos provocará un desajuste en los presupuestos sanitarios.
Dicho informe considera que estos precios parecen determinados más por las condiciones del mercado que por el valor en términos de beneficios clínicos o más amplios para los pacientes, y plantea interrogantes acerca de la mejor manera de alinear los intereses de las sociedades con las empresas farmacéuticas.
