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Quieren saber si desaparecerá el Plan Nacional sobre Sida y su presupuesto
MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
Más de 300 ONG dedicadas a la lucha contra el VIH/sida piden una reunión "urgente" con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para aclarar si desaparecerá o no el Plan Nacional sobre Sida y qué partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2012 irán destinados a la lucha contra esta enfermedad, tanto a través de las ONG como del propio Plan Nacional sobre Sida.
Así lo han puesto de manifiesto este miércoles, a través de un comunicado firmado por las plataformas estatales y autonómicas CALCSICOVA, CESIDA, Comité 1er de Desembre, Coordinadora Gai i Lesbiana, EUSKALSIDA, FAUDAS, Federación Trabajando en Positivo, FELGTB, FEAT, Fundación Triángulo, Fundación Lucía, FUNSIDA y REDVIH.
Consideran que los presupuestos 2012 representan "un paso atrás en la respuesta ante el VIH que conllevará graves consecuencias" pues, aunque las informaciones "todavía son confusas e incluso contradictorias, se da por segura la retirada de las transferencias a las comunidades autónomas" para luchar contra esta enfermedad.
A juicio de los responsables de estas plataformas, la decisión del Gobierno es "altamente irresponsable, porque irá en detrimento de las acciones para prevenir el VIH, reducir su impacto y proteger los derechos humanos".
Asimismo, esta determinación supone "una dejación del Gobierno en cuanto a su responsabilidad de garantizar el acceso igualitario a los servicios de atención socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la ciudadanía". Sin duda, recalcan, supondrá un retroceso de 30 años a la respuesta frente al VIH en España.
En concreto, la eliminación de estas transferencias a las comunidades autónomas pondría en peligro la respuesta frente al VIH, pues hasta el momento este dinero se destinaba las acciones de prevención del VIH desarrolladas por ONG locales y autonómicas, que beneficiaban colectivos "a los que el sistema público no llega".
Según Jancho Barrios, miembro de la Comisión Ejecutiva de CESIDA, esto supone "un golpe durísimo a la atención y prevención del VIH y el sida, puesto que las ONG no podrán a llevar a cabo estas acciones de prevención y muchas de las personas que acuden a esas ONG locales no tendrán donde acudir".
Para Montse Pineda, presidenta del Comitè 1er de Desembre, se trata "de un ataque a un modelo de participación de la ciudadanía, dirigido a fragilizar la sociedad civil organizada y los derechos de la ciudadanía". "Supone --insiste-- un ataque al movimiento asociativo VIH y sida, que durante los últimos 30 años ha formado parte del sistema sanitario y social".
Además, la decisión supondría "una contradicción con las ideas reflejadas en los propios presupuestos a la hora de exponer las estrategias de prevención del VIH", en los que se señala que el esfuerzo combinado de las administraciones públicas debe unirse al refuerzo de las actividades de las ONG, con "una mayor accesibilidad a determinadas poblaciones vulnerables, especialmente las más excluidas".
