MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un total de 1.291 órganos de personas fallecidas se trasplantaron en 2023 gracias a la colaboración de los jueces, según los datos dados este jueves durante las XXVI Jornadas de encuentro entre profesionales de la administración de Justicia y de la comunidad trasplantadora, que se celebran estos días en Santander.
Además, de los 2.346 donantes fallecidos que se registraron en 2023, 417 requirieron autorización judicial, alrededor del 18 por ciento, una cifra que se mantiene estable a lo largo de los últimos años, señalan desde la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Además, en función del tipo de donante, se requirió la participación judicial en el 21,2 por ciento de los donantes en muerte encefálica y en el 13,5 por ciento de los donantes en asistolia.
Con respecto a las características de los donantes que requirieron autorización judicial, la mayoría eran varones (75,9%) y su media de edad fue de 49,2 años, inferior a la del global de donantes de órganos (60 años), probablemente por sus diferentes causas de fallecimiento.
De hecho, el traumatismo craneoencefálico no relacionado con accidentes de tráfico fue la causa de muerte del 42,8% de los casos judiciales y el traumatismo por accidente de tráfico del 24,4%. Dichos porcentajes son del 9,4% y del 4,7%, respectivamente, para el total de donantes fallecidos.
Por otro lado, el pasado año se registraron 22 negativas judiciales a la donación, un 5 por ciento, ya que se consideró que la donación podría interferir con la investigación judicial. Además, 437 personas donaron un riñón o parte de su hígado (2) en vida; para este tipo de intervenciones también se precisa la participación de los profesionales de la justicia, ya que buscan comprobar que el consentimiento que otorga el donante para la extracción de uno de sus órganos es informado, libre y expreso.
"La figura del juez durante el proceso de donación es clave en los supuestos en los que las causas del fallecimiento del donante motivan el inicio de una investigación penal (accidente, posible homicidio o fallecimiento no certificado que requiere una autopsia judicial para determinar el origen)", han señalado durante el encuentro, que organiza cada año por la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.
